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DECLARACIONES DE EDUARDO TEJERA SOBRE LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

El economista y dirigente del PRM Eduardo Tejera expresó que los planes de reactivación económica, creación de empleos y programas ampliados de asistencia económica a los desempleados y trabajadores informales están muy bien diseñados y planificados, dentro de la política económica que ejecutará el nuevo Gobierno de Luis Abinader.

Tejera definió el momento económico y social difícil y complicado, pero manejable con nuevas reformas y medidas fiscales, monetarias y de estímulos sectoriales hacia la industria, las exportaciones, el turismo, la agricultura y zonas francas. Hay luz en el túnel cara el futuro, aún dentro de la crisis del Covid-19 y sus secuelas.

El economista explicó que es muy necesario racionalizar el gasto presupuestario superfluo y clientelista, para producir ahorros para destinarlo a los proyectos que se necesitan en salud, asistencia social y nuevas obras públicas de infraestructura. Se requiere una reorientación del gasto público, para hacerlo más eficiente y con un aumento de las inversiones en obras, que crean más empleos, utilizan más insumos y materiales y dinamizan la economía en todo el país.

Las eliminaciones de agencias e instituciones públicas duplicadas y sin verdadera utilidad o relevancia, vanencaminadas a reformar el Estado hipertrofiado acumulado por años, para beneficiar mucho más al pueblo y a la gran mayoría de los ciudadanos. Hay que establecer políticas públicas para beneficio de todos, no solo grupos políticos clientelares.

Tejera resaltó que hay que comprender que el déficit fiscal al 16 de agosto estará alrededor de RD$ 175,000 millones, o el 3.6  % del PIB y se proyecta que podría llegar a 5.0 % del PIB a diciembre, salvo que se implemente una ampliareforma fiscal por los ingresos y gastos. Debe incluir reprogramación de obras y alguna parte del servicio de la deuda, por operaciones de “debts swaps” y una fuerte inyección de liquidez en dólares de los organismosinternacionales y el Tesoro y la FED norteamericana, entre todos del orden de US$ 3,500 millones para financiar las cuentas externas. Este paquete es muy realizable.

Eduardo J. Tejera

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6 de agosto de 2020

Notable Aumento de la Nómina Pública

En los últimos doce años los gobiernos han creado cientos de organismos e instituciones públicas, hasta llegar en la actualidad a tener un Estado sobre dimensionado e hipertrofiado que duplica funciones y es sumamente costoso para los contribuyentes. A pesar de los avances en los sistemas administrativos, contables y de informática, la dispersión de organismos y la muy frágil institucionalidad en la mayoría de las agencias estatales, es un grave problema económico, de exceso de empleomanía y de ineficiencia burocrática. 

Por otro lado, también se ha sobre dimensionado el tamaño de las nóminas del gobierno y los gastos en remuneraciones y las contrataciones de bienes y servicios relacionados con el personal. En adición a estos excesivos gastos, la práctica de la corrupción y el clientelismo político ha aumentado a niveles muy costosos, lo que destruye aún más las instituciones y aumenta las tensiones presupuestarias y ahonda el déficit fiscal original en el Presupuesto Nacional de 2020 de 2.2 % del PIB a 5-6 % del PIB por los efectos del Covid-19. 

Aumento de la Empleomanía. 

Desde 2009 al 2019 la nómina del Gobierno Central se ha casi duplicado, de 357,975 empleados en el 2009 aumentó a 634,407 a junio de 2019. Es incomprensible como han aumentado las nóminas en 27,643 empleos por cada año. ¿Para que se necesita esa enorme cantidad de empleados en el gobierno? Son las llamadas nóminas clientelistas, nominillas, duplicaciones de sueldos por personas y las “botellas”, que cobran sin trabajar. Es una carga onerosa, que no se justifica, ni es esencial para la marcha del Estado. 

A esta cifra de la empleomanía en el Gobierno Central hay que sumarle los empleados de las Instituciones Descentralizadas, que ascendían a 142,398 empleados a 2012, y han aumentado al 2018 a 268,470 empleados, el doble. A la alta nómina de empleados del gobierno y entidades autónomas, hay que sumarle también las 152,990 personas retiradas con pensiones y jubilaciones, cifra que ha sufrido un gran incremento. Para el 2019 el total consolidado de empleados públicos ascendía 970,877. Una cifra injustificada y costosa.

Aumento de las Remuneraciones.

El aumento constante en los gastos de remuneraciones y de servicios ha sido vertiginoso en ocho años. Para el 2012, las remuneraciones al personal fueron de RD$ 86,772 millones y los gastos en bienes y servicios RD$ 94,328 millones. Pero para el 2020 se proyectan en RD$ 208,858 millones en remuneraciones y RD$ 105,660 en gastos de bienes y servicios. 

Ambas partidas, resultan en un gran total de RD$ 314,518 millones en gastos de directos e indirectos de nóminas-personal para el 2020, que representaba el 42 % de los ingresos ordinarios estimados originalmente en RD$ 750,823 millones y representa 49 % del monto de ingresos revisados de RD$ 643,886 millones en el Presupuesto Complementario. Una suma altísima en nóminas y gastos relacionados. Las partidas de remuneraciones y gastos en compras relacionados han aumentado en RD$ 31,751 millones solo del 2019 a 2020. 

Por ejemplo, cuantos miles de personas ganan el salario mínimo, cuántas de RD$12,000-$20,000, de RD$20,000-$30,000, de RD$50,000-75,000, de RD$100,000-$200,000, y cuántas ganan entre de RD$200,000-$350,000 y los que devengan más de RD$ 350,000. Estas informaciones son vitales para analizar la estructura y niveles de salarios y para evaluar la racionalidad de este gasto tan deformado, que ha crecido notablemente con el clientelismo y el populismo fiscal. Estas cifras se necesitan para estudiar reformas y ajustes.

Por falta de transparencia de la Contraloría General y del Ministerio de Hacienda, no se conocen ninguna información y detalles sobre la composición y montos de los salarios por escala y rangos de la empleomanía pública. No existen datos oficiales publicados sobre la estructura salarial en el gobierno y los organismos autónomos. No hay transparencia.

Gastos y el Déficit Fiscal.

Según el Presupuesto Nacional original aprobado para el 2020, se proyectó un déficit de RD$ 110,251 millones, o el 2.2 % del PIB. Pero por las consecuencias de la crisis económica del Covid-19, en junio se promulgó el Presupuesto Complementario, y se aumentó la proyección del déficit proyectado el año a RD$ 233,600 millones o el 5 % de PIB. 

El gasto en remuneraciones de RD$ 208,858 millones para el 2020 siguió igual, significa un aumento de RD$ 22,400 millones para el año. A su vez, el gasto en gastos de bienes y servicios subió a RD$ 105,660 millones. En estas dos partidas hay un aumento neto de RD$ 31,751 millones para el 2020, lo que equivale a un 34 % del déficit fiscal original. 

Si al alto gasto en nóminas, le sumamos el gasto de pago de intereses de la deuda pública de RD$ 149,993 millones, o el 24 % de los ingresos ordinarios, podremos apreciar la extrema rigidez del Presupuesto Nacional, que apenas le quedan recursos para sus gastos operacionales fijos e invertir muy poco en obras e infraestructura. Por eso los gobiernos del partido oficial del PLD llevan diez años financiándose con nueva deuda y bonos públicos. 

En el futuro para poder invertir más en el gasto social de salud, educación y seguridad social, habrá que hacer una reforma y disminución del alto nivel de nóminas y de gastos en remuneraciones y servicios. Hay que rebajar los sueldos de altos niveles y aumentar el salario mínimo de los de abajoa RD$ 20,000.00. Invertir la pirámide, con ahorros. Dentro del manejo de las nóminas hay muchas injusticias y desigualdades, por el favoritismo político y el elitismo. Esto requiere una reforma fiscal por los ingresos y gastos. 

El país no aguanta más parches tributarios de aumentos de impuestos, sin que la clase política realice un profundo recorte de sus propios gastos clientelistas, racionalicen y reduzcan el gasto público y mejoren la calidad y costos de las inversiones públicas. Y para hacerlo, será necesario eliminar, disminuir y fusionar las instituciones y bajar las excesivas nóminas del clientelistas del gobierno y sus cientos de organismos paralelos.

Eduardo J. Tejera

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7 de julio de 2020

Política de Construcción y Compra de Viviendas

La formulación de una coordinada política de construcción de viviendas deberá estar basado en dos segmentos principales: la construcción de viviendas sociales por parte de entidades del Estado y la construcción de viviendas de clase media y de bajo costo por los promotores del sector privado. Se requiere diseñar una política y condiciones específicas para cada promotor de proyectos de viviendas, sea público o privado. 

Por otro lado, considero que como parte esencial de un plan hay que crear facilidades de créditos y mejores condiciones y oportunidades para los compradores de medianos y bajos ingresos, pues sin adquirientes con préstamos accesibles y con tasas de interés viables más bajas para la clase media y trabajadora, será muy limitado lo que se pueda construir y vender en el mercado. 

Una política de vivienda debe basarse en facilidades al promotor-constructor y al comprador-cliente, pues ambos forman parte de la misma ecuación de soluciones. La política de desarrollo y financiamiento de la vivienda para la clase media y la vivienda de bajo costo es una parte integral de una política económica y de reducción de los déficits sociales. Existe en el país una gran demanda de viviendas de bajo costo para la población trabajadora y empleados formales e informales. 

Por su efectos y encadenamientos sobre la economía, la creación de empleos, el uso intensivo de insumos y materiales y las soluciones de inclusión social, la política de construcción y financiamiento de viviendas es una parte fundamental de las políticas públicas que recomendamos.

Construcción Pública.

El Estado tiene ahora una institución que construye viviendas sociales y algunos residenciales de clase media, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). Pero también construye la Oficina de Supervisora de Obras del Estado y hasta el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que por objetivos políticos construyen proyectos habitacionales desde Palacio Nacional con recursos directos del Presupuesto. Las dos entidades deberían ser fusionadas y trasladadas al Ministerio de Obras Públicas, para no duplicar esfuerzos y mantener excesos de gastos. Debe crearse una filosofía de real racionalidad del gasto y de las instituciones.

El INVI igual tiene ahora un rol mediatizado y depende demasiado de recursos del Presupuesto, que son escasos. No genera sus propios fondos y no financia a promotores privados, se limita a construir viviendas con los aportes del Gobierno. No creo que construya 1,000 viviendas al año. La meta del INVI debería ser, como mínimo, construir 10,000.00 apartamentos al año de 50 M2 a 60 M2, de costos entre RD$ 600,000.00 y RD$ 750,000.00, si el solar es donado por el Estado, con tierras del CEA o los Ayuntamientos. 

Se debería promover más de 10,000 viviendas al año conconstructores privados y recursos de financiamientos bancarios, de Fideicomisos de Inversiones y del Presupuesto, que tendrían un costo global de RD$ 3,000 millones o US$ 50 millones.

Sin embargo, el INVI además de construir directamente proyectos, debe también facilitar, crear y estructurar proyectos y servir de facilitador del sector privado en terrenos del Estado seleccionados por el Gobierno en todo el país, bajo determinadas criterios, costos y precios de venta, y otorgar mediante licitación pública esos proyectos habitacionales a promotores privados. Serían viviendas para los más pobres. El INVI debe reinventarse y cumplir un rol más moderno y con mayor autonomía financiera del Gobierno Central. 

Además, puede buscar compradores de la empleomanía pública de bajos salarios, que serían los clientes que paguen sus hipotecas con intereses subsidiados y a 25años. En resumen, el Gobierno debe reformar y modernizar al INVI y ampliar sus funciones y políticas de desarrollo de proyectos y de financiamiento de las viviendas del nicho exclusivo de viviendas para los niveles de pobreza urbana y rural. 

Construcción Privada y/o Pública Privada.

Sin embargo, el grueso de la construcción de urbanizaciones, residenciales de apartamentos y viviendas para la clase media y media baja, la debe promover, financiar, construir y vender el sector privado. Pero el Estado debe facilitar con cambios de políticas públicas y medidas concretas, la promoción y ventas, facilidades de financiamiento de las viviendas y ayudar a invertir en la infraestructura e instalar los costosos servicios eléctricos y plantas de tratamientos de aguas. 

En mi opinión, la clave es que existan programas de financiamiento en la banca y las asociaciones con plazos más largos y más bajos intereses para el adquiriente, pues la clase media baja y trabajadora necesitan tener cuotas mensuales de RD$ 10,000 a RD$ 13,000.00 en préstamos hipotecarios de 25 años, con tasas fijas al 8 o 9 %. Los intereses más altos son inviables para la clase trabajadora. Una cosa es el crédito para el promotor-constructor y otra es para el comprador que es de clase media baja y de bajos recursos.

Por otro lado, hay serios problemas prácticos en la obtención de las licencias de Medio Ambiente, pues se tardan de 10 meses a más de un año, en particular para urbanizaciones. Es un laberinto burocrático con criterios muy discrecionales de cada experto o jefe. Igual, hay un serio problema en obtener los títulos deslindados y lotificados por solares. A pesar de que se ubican las coordenadas por satélite fácilmente, cuando viene el factor humano, la dilación administrativa para sacar un título de propiedad puede durar hasta un año. 

Esto paraliza los préstamos en los bancos comerciales y las asociaciones, pues no pueden prestar como antes con las Cartas Constancias. Existe un serio problema en todo el tema del deslinde, titularización y división de solares individuales, pues sin el título no se puede financiar la vivienda y esto afecta tanto al promotor como al comprador. 

Los distintos reglamentos y normas para aplicar la ley 189, complican y atrasan los proyectos. Los reglamentos deben ser unificados y con normas vinculantes y coherentes entre Ministerio de Obras Públicas, el INVI, el Ayuntamiento, Ministerio de Medio Ambiente, las EDES para la conexión eléctrica y otras instituciones que forman parte de la clasificación dentro de la ley. 

La Ventanilla Única que existe en teoría nunca ha funcionado. Por eso se necesita una reforma administrativa de la Ventanilla Única, necesaria para agilizar los procesos de permisos, la clasificación y flexibilizar sus exigencias. Debe ser más fuerte y vinculante. Recomiendo una revisión y unificación de criterios de los reglamentos vigentes, para que la ley se aplique más rápido y de forma eficaz. 

La Ley de Mercado Hipotecario y Fideicomiso 189-11 es muy buena y será vital para el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo costos, de menos de RD$ 2.4 millones la unidad. Por otro lado, la banca y la normativa prudenciales de créditos hipotecarios no está preparada para estos clientes, muchos de los cuales tienen dinero, pero son informales y son difíciles de tramitar por los bancos. Esto se resuelve con cambios en las normas prudenciales y los bancos creando agentes de créditos especializados para este nicho. 

Pero como ya expresé, la política de crédito de la banca y asociaciones tiene que ser reformada, para que los clientes de medianos y bajos ingresos puedan acceder a préstamos de largo plazos. Las normas prudenciales deben modificarse más a las características del comprador de bajos recursos. El uso de la figura del Fideicomiso y sus beneficios y exoneraciones es muy bueno y estimulará a los promotores y compradores de viviendas.

Hay que buscar un equilibrio para el crédito hipotecario. Difícilmente un adquiriente de vivienda de bajo costo, entre RD$ 1.0 millón a RD$ 2.0 millones, pueda reunir las condiciones de ingresos familiares, documentación y exigencias para acceder a un crédito bancario para la compra. Se ha avanzado bastante, pero es muy difíciltodavía, para implementarse una política ambiciosa de 35,000 unidades al año en todo el país. Pues hay que construirlas, pero hay que venderlas rápidamente en el mercado. 

Existen fórmulas de tener tasas diferenciadas para los compradores de viviendas, tasas de interés subsidiadas, entre el Estado y la banca-asociaciones, mayor liquidez especializada con planes de reducción del encaje legal selectivo como ya se ha realizado y, sobre todo, la creación de un Fondo de Financiamiento de la Vivienda. 

Sugiero crear el Fondo de Financiamiento de la Vivienda bajo la figura jurídica de la Fiducia, de capital mixto, de segundo piso, bajo la Ley 189-11, que crea y regula los fideicomisos. Debe ser privado y administrado por expertos. Por ejemplo, se pudiera crear el Fondo con un capital pagado inicial de RD$ 10,000 millones, de aportes de cada banco, asociación y entidad financiera. El Banco Central podría liberar un porcentaje del encaje legal, bajo el compromiso de dedicar esos recursos para nutrir el Fondo de liquidez para destinar a los préstamos hipotecarios. 

El Fondo estaría administrado por un Consejo de Directores de las entidades inversionistas o por los fideicomitentes que se escojan. El Director General sería un profesional banquero experimentado, nombrado por el Consejo de Directores del Fideicomiso. Se crean mecanismos de captación de fondos, como colocación de bonos a mediano y largo plazo, letras, créditos blandos nacionales o externos, bonos hipotecarios para vender a las AFP y compañías de seguros, vía los Puestos de Bolsas y los Fondos de Inversión Inmobiliarios, autorizados por la SIV y SIPEN. 

Con un capital semilla de RD$ 10,000 millones, podría tener recursos de RD$ 50,000 millones. Después gradualmente se aumentaría el capital, la captación de fondos y su capacidad de créditos. El Fondo de Financiamiento y sus instrumentos de captación deberían tener incentivos fiscales y desgravaciones por lo menos por 5 años. Por ejemplo, los bonos y letras que emitaserían exonerados del pago del Impuesto sobre la Renta. Las AFP que inviertan podrían recibir facilidades de la Superintendencia de Pensiones. El objetivo de captación es indispensable, porque existe mucho dinero ocioso. 

Igual, se pueden titularizar préstamos hipotecarios, y revenderlos a los bancos, Fondos de Inversiones y AFP, para crear mecanismos de captación revolventes. El crédito hipotecario es de los más seguros, pues es muy difícil que las personas incumplan con sus cuotas y se dejen ejecutar la propiedad. 

Para agilizar toda la construcción de viviendas, hay que crear un departamento especial en la Jurisdicción de Tierras y el Registrador, pues el proceso de deslinde de títulos y sus divisiones tardan más de 10 meses. La Jurisdicción Inmobiliaria no está preparada, técnica y admirativamente, para producir 25,000 a 35,000 títulos de propiedad de apartamentos dentro de la ley 189. Este es un gran cuello de botella, pues sin título el banco no otorga y desembolsa el crédito al comprador ni al promotor.

Habría que revisar numerosos impuestos municipales y cargas, que se convierten en impuestos disfrazados a la construcción, que en el fondo solo encarecen las obras y los apartamentos. Los paga el comprador. Hay que modernizar muchas instituciones que hoy no están en armonía con una agresiva política habitacional que requiere el país.

Para construir urbanizaciones de apartamentos y viviendas con toda su infraestructura, hay un problema y gran limitación. Contrario al pasado, ahora con las normas prudenciales y auto reglas, la banca comercial, de desarrollo y asociaciones, no otorgan créditos interinos para la construcción de la costosa infraestructura de una urbanización. Antes se podía. Ahora le piden al promotor que con sus propios recursos construyan el 50 % de la urbanización, antes de poder acceder a un préstamo de construcción. 

Pero esta exigencia significa que el promotor debe tenercapital propio para la infraestructura, de más de RD$ 50 a RD$ 100 millones para invertir en varios meses, y eso solo lo pueden disponer muy pocos promotores grandes, pero no el promotor mediano con experiencia. Hay, pues, que volver a disponer de créditos interinos hipotecarios para la construcción de la infraestructura, de lo contrariose construirá poco y lento y debe buscarse la forma que temporalmente se acepten las Cartas Constancias, hasta que salgan los títulos de propiedad definitivos. 

En otro orden, los recursos de los Fondos de Pensiones, administrados por la AFP, según la SIPEN, globalmente ascienden a RD$ 675,451 millones. El 77 % está invertidos en Letras y Bonos de Hacienda y en Certificados del Banco Central. Y el resto de las inversiones en están en bonos e inversiones de grandes empresas privadas, pero nada para proyectos para los trabajadores y empleados. 

Según Resolución 105 de la Comisión Clasificadora de Riesgos de diciembre del 2015 se puede invertir en Fondos Inmobiliarios autorizados hasta el 20 % para la vivienda, pero todavía no está lista la normativa y por lo tanto no se han utilizado para estos fines. 

Si solo se utilizaran un 5 % de esa cartera global para proyectos de viviendas en bonos hipotecarios, eso significaría inversiones habitacionales de RD$ 33,775millones, que es una cifra más que suficiente y aumenta cada mes. Ahora, sin embargo, no se destina nada a proyectos inmobiliarios o viviendas de mediano y bajos costos. Un cambio de esta política crearía muchos empleos y dinamizaría toda la industria de la construcción, ferreterías, cemento, varillas, ventanas, puertas, muebles y electrodomésticos y pinturas. 

En resumen, se puede apreciar la necesidad de reformar y mejorar la política de construcción y financiamiento de la vivienda pública y privada. Pero se requiere de una política más agresiva en el área de la vivienda y su infraestructura. Debería producirse un Pacto para la Vivienda, entre Gobierno y sector privado constructor. El Estado debe crear un marco ágil y flexible para construir proyectos sociales y apuntalar la masiva construcción del sector privado. Una coherente y realista política de vivienda dinamizaría la economía y todo el sector. Además, es una política vital de cohesión social.

Eduardo J. Tejera

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1 de julio de 2020

Eduardo Tejera: el Gobierno tiene la obligación de controlar y manejar las finanzas públicas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dirigente del partido PRM, el economista Eduardo Tejera, expresó que en esta recta final de la campaña electoral el Gobierno tiene la obligación de controlar y manejar con prudencia y límites las finanzas públicas y no provocar un desbordado déficit fiscal para financiar directa o indirectamente la campaña del candidato oficialista.

Indicó que los funcionarios de Hacienda, de la Dirección de Presupuesto y del equipo económico son los responsables legalmente de la viabilidad fiscal y de cumplir con los gastos presupuestarios, más cuando se acaba de promulgar un Presupuesto Complementario y la nación navega en el medio de una grave pandemia y crisis económica.

“Deben mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica y de la tasa de cambio”.

Para Tejera el país le exige al presidente Medina y sus funcionarios seriedad y cumplimento fiscal y monetario, ante todo por que el candidato de la oposición Luis Abinader del PRM está en las más serias encuestas, de la Gallup con 53.7 % y Greenberg con 56 % en la más alta posición en las preferencias, como ganador casi seguro en la primera vuelta.

“No deben dejarle al nuevo Gobierno del Cambio una situación fiscal y económica deteriorada y con graves desequilibrios, pues sería un crimen contra el pueblo dominicano y la economía y tendría serias consecuencias”.

Expresó además que a solo once días de las elecciones del 5 de julio el Gobierno y la JCE tienen que brindar las garantías Constitucionales de realizar unas elecciones limpias, pacíficas, sin problemas y sin trastornos, y aseguren que los resultados serán respetados por todos por el bien de la nación y su democracia. Estas elecciones son muy importantes porque representan un cambio de generación y de gobierno, lo que terminará con la época de más corrupción, amoralidad y debilitamiento de la institucionalidad democrática.

“El PLD ha llevado al país a una corruptela impune. La ola del gran cambio se siente en la sociedad y se evidencian con los resultados de las encuestas y el clamor popular. Todo indica que Luis Abinader ganará el 5 de julio

Eduardo J. Tejera

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Libro sobre Economistas Cubanos De Los Siglos XIX y XX


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TEJERA APOYA AUMENTO SALARIAL

DECLARACIONES DEL ECONOMISTA EDUARDO TEJERA
SOBRE EL AUMENTO SALARIAL Y LA ECONOMÍA

El economista Eduardo Tejera en declaraciones a la prensa, expresó que recomienda un aumento salarial más alto y holgado, para que la clase trabajadora recupere parte del poder adquisitivo perdido por la inflación acumulada. Tejera considera que un aumento de 20 % o más, del salario mínimo es justo y una empresa eficiente lo puede soportar y después incrementar en una escala menor, según los niveles de salarios.

Para el economista y empresario el país ha tenido un alto crecimiento económico en los últimos años, que se ha traducido en progreso mayores ventas para la mayoría de las empresas. Hay que distribuir el bienestar y reducir la brecha y las desigualdades. Tejera reconoce que un aumento salarial podría afectar a algunas empresas, pero que la mayoría puede absorbe un aumento en el salario básico y los más bajos.

Señaló que los que hablan de reducir la pobreza y que promueven mayor equidad social, deben empezar con aceptar los ajustes y aumentos de sueldos, que es el principal ingreso de los empleados y trabajadores. Además, un aumento salarial, aumentaría igual la demanda agregada y estimularía el crecimiento económico.

En otro orden, expresó que la economía experimenta momentos difíciles, por el déficit acumulados en tres años y el incremento de la deuda pública, que fue necesaria para mantener el crecimiento durante la Gran Recesión mundial que vivimos desde el 2008. Sin embargo, consideró que ya para el 2012 el Presupuesto nacional, no soportaría más deudas para sostener el Presupuesto. Tejera considera que tiene que aplicarse mayor y real austeridad, porque los gasto s gubernamentales no han bajado en 12 %, como fue señalado.

12 de mayo de 2011