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Antonio Imbert Barreras, Héroe Nacional

Al celebrarse este año un aniversario más del 30 de mayo de 1961, fecha nacional en que un grupo de valientes hombres ajusticiaron al dictador Rafael L. Trujillo, se observó que en algunas publicaciones, portarretratos y homenajes, que se regateaba la calidad de héroe nacional del General Antonio Imbert Barreras y algunas personas inclusive han pedido que se le retire esa distinción tan merecida. Por qué este ensañamiento contra Imbert Barreras? Esto es algo muy ingrato y son expresiones del más puro sectarismo de los 70´s. Todos los patriotas del 30 de mayo fueron hombres que sacrificaron sus vidas en aras de eliminar a un tirano que había sometido al país con la mayor crueldad y despotismo por 31 años.

Todos son considerados por la historia como patriotas y héroes que ofrendaron sus vidas por un ideal superior: el nacimiento de la democracia y las libertades públicas. Nadie debe escamotear y regatear la heroicidad de sus acciones y la enorme trascendencia política y social del magnicidio. Con la muerte de Trujillo nació la democracia dominicana. El General Imbert Barreras fue un hombre muy valiente que arriesgó su vida y la de su familia para darle muerte al dictador. Fue de los que en la refriega le dio varios tiros directos al tirano, igual que Antonio de la Maza, otro singular patriota.

Solo dos sobrevivieron ese episodio de máxima trascendencia en el Siglo XX; Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barreras, que con suerte, astucia y valentía lograron salvar sus vidas. Todos los demás murieron en la acción o varios meses después fueron asesinados cobardemente por Ramfis Trujillo. Todos sufrieron fuertes y crueles torturas y murieron con el máximo honor y ese heroísmo mutiló la felicidad de todas sus familias para siempre. Esa condición de héroes no se debe regatear por posteriores filiaciones políticas o sectarismos divisionistas de tinte ideológico desfasado.

Don Antonio Imbert Barreras fue declarado héroe nacional porque fue un hombre que ofreció su vida para darle muerte a Trujillo, junto con los demás patriotas que participaron en la conjura. Con esa sola actuación consagró Don Antonio, su calidad humana y patriótica y por eso en 1962, junto con Luis Amiama Tió, fue distinguido por el Gobierno con la declaración de Héroe Nacional y el rango de general vitalicio.

Fue héroe por su valentía y elevado sentido del deber, porque se jugó su vida y porque esos hombres de 30 de mayo abrieron las puertas a la libertad que desde entonces disfrutamos como nación y pueblo. Don Antonio, con esa acción aquella noche del 30 de mayo de 1961 tocó las puertas de la historia y entró a la inmortalidad, junto a los demás héroes que participaron en el magnicidio.

La inquina de algunos pocos contra Imbert Barreras es de carácter política e ideológica desfasada y por viejos rencores mezquinos, por algunas de sus actuaciones posteriores, lo que no es justo ni dable en la historia. Todo viene por su postura asumida en la dolorosa Guerra de Abril de 1965. Ahí se dividió el país y surgieron dos bandos, que hasta hoy sus viejos participantes disputan sus diferencias después de 53 años.

El regateo de parte de la izquierda democrática y obvio de los comunistas de entonces, fue por haber formado con el apoyo de los norteamericanos el Gobierno de Reconstrucción Nacional, que realmente administró el país por cinco meses. En el otro lado, estaba el Gobierno Constitucionalista dirigido por el coronel Francisco Caamaño, que controlaba una parte de la zona colonial y resistió con dignidad con sus seguidores los ideales que defendían. Ambos representaban el país dividido de esos difíciles meses.

Ambos gobiernos, nos guste o no, fueron el producto de las circunstancias de un crítico momento histórico dominicano a cuatro años de la muerte de Trujillo y dentro de un contexto extremo de la Guerra Fría, entre dos ideologías muy opuestas que exponían las dos superpotencias mundiales y con la revolución castrista en plena efervescencia y con su tesis de exportar su revolución comunista y después de la crisis nuclear en Cuba en octubre de 1962, que dejó su impronta de tensiones en la geopolítica mundial.

Había, pues, grandes temores en la población y existía en Hispanoamérica y el Caribe un fuerte nerviosismo político, por los avances de la extrema derecha militar y por los mismos avances de los movimientos comunistas. Fue una época confusa de todos tipos de extremismos de derecha trujillista, de conservadores e centro-izquierda democrática, de comunistas castristas, maoístas, pro-rusos y anarquistas. Hay que leer bien la prensa de esos años, para poner las cosas en su contexto histórico del momento.

La Guerra de Abril comenzó por un golpe de estado y lucha entre dos bandos militares. Fue una guerra civil en el fondo. Se complicó cuando asustados por la rebelión popular constitucionalista los norteamericanos invadieron el país. Con solicitud del Coronel Pedro Bartolomé Benoit o no, los norteamericanos iban a invadir de todas formas. La carta de Benoit y dos coroneles más de la Junta de San Isidro, solo fue una farsa protocolar de los norteamericanos. El anti comunismo activo de la época y la política estadounidense de no permitir otra Cuba, no daba lugar para interpretaciones. Ellos invadieron por su visión y temores geopolíticos. La posición norteamericana y del Presidente Johnson y su gabinete está muy clara en los informes y cables desclasificados.

Antonio Imbert Barreras ni ningún político o militar dominicano fueron la causa de la invasión. Ninguno la deseaba, y lo cierto es que los líderes de los dos bandos enfrentados se tuvieron que resignar ante la realidad y manejar esa nueva circunstancia. Para evitar un 1916, no había otra salida que negociar y pactar. En medio de la guerra fría, Estados Unidos invadió, por sus causas e intereses propios. Cierto es que no debió invadir y fue un acto de injerencia paternalista extrema.

Tampoco era cierto que los jefes Constitucionalistas fueran comunistas, para nada. Quizás ayudó a salvar muchas vidas en una guerra fratricida, pero la invasión frustró un proceso interno que venía desde el 1961, que debieron resolverlo los dominicanos solos. Pero la política norteamericana de 1965 no quiso tomar riesgos con. Actuó velozmente, con o sin razón. Para ellos, razón de Estado.

Don Antonio aceptó formar el Gobierno después de una invasión consumada, y junto con su Gabinete, en aras de buscar un equilibrio interno y una salida para que el país volviera a la normalidad y los americanos se fueran. Fue un patriota en ese difícil momento, pues sino aceptaba formar un Gobierno Nacional, probablemente los norteamericanos hubieran convertido la intervención en una ocupación militar, como sucedió en 1916. La época y mentalidad había cambiado desde la primera ocupación, y prefirieron ayudar a crear un gobierno dominicano que llevara la administración pública, las finanzas, las nóminas, los puertos y mantuviera la economía en movimiento, como en efecto sucedió.

Por su lado Caamaño con la invasión se creció, de ser jefe inesperado del bando Constitucionalista, se convirtió en el líder que enfrentó la invasión y junto con Imbert Barreras, los dos bandos negociaron separados durante tres meses la salida de las tropas norteamericanas y de la OEA. Pero de ahí nació otro héroe para muchos. Ambos negociaron con la realidad, con las circunstancias y fueron pragmáticos e inteligentes. Mejor negociar una salida del invasor, que tener una ocupación militar de varios años.

El General Imbert Barreras — ayer como hoy — respetaba como el 95 % de los dominicanos a los norteamericanos, pero nunca fue un entreguista, ni vendió a su patria. Como otros políticos, militares, empresarios y la ciudadanía en la historia dominicana, tuvieron que aceptar la realidad del intervencionismo norteamericano y buscar la forma de mantener vivas las instituciones nacionales.

El General Imbert Barreras en verdad se echó encima una responsabilidad innecesaria y delicada. Se echó una vaina, por la que aún sus enemigos lo persiguen como un fantasma de otra época. En dos ocasiones históricas Don Antonio actuó con suma responsabilidad, valentía y patriotismo. No sólo él actuó así, sino su gabinete, los altos empresarios y la mayoría del pensamiento de centro y conservador que representaba el 70 % de la población nacional. Por sus dos actuaciones responsables en 1961 y 1965, en el 1967 fuerzas oscuras lo ametrallaron a tiros y casi lo mataron en plena capital.

El Gobierno de Reconstrucción Nacional, igual que el Gobierno Constitucionalista, ayudaron y fueron fundamentales, para darle estabilidad y paz al país, despejar toda duda de una guerra civil violenta y de sentar las bases para primero formar el gobierno provisional con García Godoy y después para que se celebraran las elecciones en 1966.

Los grandes pro hombres se miden por sus grandes actuaciones en momentos esterales. Por ejemplo, se admira a Pedro Santana que ganó todas las batallas contra los haitianos y selló la independencia, o lo rechazamos por su malogrado anexionismo de 1861? Admiramos o no, a Carlos Morales Languasco que en 1905 pactó el Modus Vivendi y evitó la injerencia militar de acreedores europeos o lo rechazamos por firmar la realidad? Admiramos o no a Ramón Cáceres, por aprobar la firma en 1907 de la Convención Domínico Americana que solo representó firmar la realidad existente desde décadas, pero que evitó una ocupación militar norteamericana en pleno imperialismo de T. Roosevelt?

Admiramos a Horacio Vásquez que junto con Cáceres mató al tirano Lilís en 1899 y que en 1924 fue el primer presidente electo democráticamente después de la desocupación o lo criticamos por su reelección en 1928 o por ser débil e ingenuo con el joven General Trujillo que lo traicionó en 1930? Se admira al Balaguer títere de Trujillo, al represor autoritario de los Doce Años o al reformador de los Diez Años? Se admira al Bosch demócrata liberal de 1962 o al marxista no leninista de 1973, o al que juntó con sus discípulos pactó en 1996 con su enemigo ideológico de la ultra derecha para frenar al líder Peña Gómez? ¿Vamos a interpretar la historia de manera selectiva o se respeta?

Se admira al Caamaño trujillista pre 1961, al demócrata constitucionalista de 1965, o se le rechaza porque en el 1973 entró con una pequeña fuerza guerrillera comunista entrenada en Cuba para tumbar al gobierno constitucional de Balaguer? No fui nunca balaguerrista, pero era el gobierno constitucional legítimo. ¿Qué se hace en cada caso?  ¿A quien se admira y quien se le rechaza después? Estimo que hay que respetar la historia y sus grandes personajes por sus actuaciones en los grandes momentos claves históricos.

En resumen, en mi opinión el general Antonio Imbert Barreras debe ser reconocido como lo que es, un héroe nacional y se le debe rendir respeto y admiración por jugarse la vida el 30 de mayo en que el grupo de patriotas ajusticiaron al tirano. Todos los que ayudaron y participaron en la conjura son patriotas y héroes, por arriesgar y sacrificar sus vidas para darle a este país libertad y democracia. Imbert Barreras fue un hombre de su momento, como dice Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia.

Don Antonio Imbert Barreras le dio el frente con su hombría, coraje y responsabilidad a cada momento político que le tocó vivir. Fue un hombre sencillo, decente y con los años un gran conciliador y protector de revolucionarios de la ira de los Doce Años. Considero que por los tiros que le dio a Trujillo es héroe para la eternidad. Lo demás es politiqueo circunstancial mezquino, que pronto desaparecerá con las nuevas generaciones que no están contaminadas por las pasiones del pasado.

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

3 de junio de 2018

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Transparencia y Rendición de Cuentas  

El gobierno central y sus múltiples instituciones hablan mucho sobre la política de transparencia que ejecutan y exhiben en vastos anuncios pagados en la prensa sobre su rendición de cuentas y apertura a la información pública. Sin embargo, la pregunta qué nos asiste, ¿es esta transparencia real y extendida al gobierno central y las entidades autónomas? Es algo cierto, o solo mucha campaña mediática y demagogia publicitaria.  ¿De verdad, el gobierno brinda informaciones y datos financieros, comerciales, de costos de proyectos, limpieza de subastas, de escaladas de precios y de los reales gastos por partidas que se presupuestan cada año?

Mi respuesta es negativa. En el país el gobierno ha mejorado en algo las informaciones, pero de cifras e informaciones generales y selectas. Hay entidades que han mejorado bastante y otras nada. Por ejemplo, el Banco Central, Hacienda y Dirección de Presupuesto han mejorado sus informaciones en sus portales por internet. Pero podrían mucho más y más amplia las informaciones y datos. Falta mucho por hacer público y transparentar. Las distintas Superintendencias de Bancos, Valores, Pensiones y Electricidad han mejorado también, pero no realmente en todo lo posible. Pero son las que brindan más informaciones en internet o en publicaciones.

Los peores son los ministerios, entidades autónomas, y agencias y centros que manejan muchos proyectos y recursos. No publican mucho, instituciones como Obras Públicas, Salud, Educación, Industria y Comercio, CDEEE, OISOE, INDHRI, los dos Metros, el Teleférico, informaciones detalladas sobre los costos de Boca de Cachón, La Barquita, Ciudad Juan Bosch, Presa Monte Grande y las tres Distribuidoras. Igual la rendición de cuentas en informes y auditorias de los proyectos de autopistas, infraestructuras, la planta de Punta Catalina, y así cientos de obras, que no se publican informes de costos, avance de obras, de sobre costos, de financiamientos y del precio final del proyecto.

No existe rendición de cuentas reales ni transparencia, comparable con países organizados. No hay un e-gobierno electrónico, ni un deseo de realmente informar, por temor a las críticas o a que se conozcan verdades indeseables. Esta opacidad fomenta la corrupción. Todavía son las instituciones autónomas las que menos publican en sus páginas web, informes o estados financieros, auditorias de obras, ordenes de compras y relación de pagos por instituciones mensuales, semestrales y anuales.

Ni el gobierno central ni las instituciones estatales publican estados financieros de obras mensuales en sus portales, ni informes detallados de costos y gastos de sus obras. Los ayuntamientos y alcaldías tampoco publican nada, son los peores. Lo poco que se conoce o informan los funcionarios lo hacen vía esporádicas declaraciones públicas, en discursos de inaguraciones, entrevistas televisivas y todo de manera informal. La falta de transparencia es la fuente de corrupción y delpilfarro en los gastos públicos.

Daré algunos ejemplos, para aterrizar el tema de la transparencia y cifras de rendición de cuentas. Nunca se ha publicado informes o auditorias finales de los costos originales y costos finales de Metro I y II, El Teleférico, tampoco lista de contratos con suplidores con sus montos, mecanismos de adjuduciación de obras, estados financieros con sus anexos, informes de costo final o los presupuestos detallados mensuales y anuales. OPRET solo presenta el cuadro de las asignaciones aprobadas en el Presupuesto Nacional, pero nada de sus costos, ejecución presupuestal, gastos, subsidios, ingresos y egresos y pérdidas operativas. Todo es un misterio. Solo se conocen cifras generales ofrecidas en ruedas de prensas y breves discursos, pero nada formal por escrito.

De los proyectos de viviendas Boca de Cachón con 537 apartamentos a un costo de RD$ 755 millones, ejecutado por Ministerio Administrativo de la presidencia y La Nueva Barquita con 1,750 unidades, por RD$ 4,000 millones, ejecutada por la entidad URBE, Obras Públicas y Ministerio Administrativo de la presidencia, se conocen también solo datos financieros muy vagos y generales. En los Presupuestos Nacionales anuales se señala la cifra global aprobada, pero después no se publica nada o poco de los costos de ejecución y los comparativos. No se conocen informes o actas de licitaciones. Pero no hay una formal rendición de cuentas oficial, ni auditoria finales.

URBE y el presidente Medina en la inaguración informaron en declaraciones a la prensa que costó RD$ 4,000 millones, para construir 1,750 apartamentos, de 68/73 M2 c/u y beneficiar a 1,450 familias. El costo por apartamento ascendió a RD$ 2.3 millones por unidad, el doble de un proyecto privado, y eso que los terrenos fueron donados por el estado y la construcción realizada por Obras Públicas. Estas obras sociales son necesarias, pero están mal concebidas y muy caras. Los costos unitarios de apartamentos no se conocen con exactitud, costos avenidas, terrenos, iglesias, polideportivos, 73 locales comerciales, acueductos, etc. Pero volvemos, no existen informes finales de costos de obras ni cifras y presupuestos detallados publicados en la página web de la URBE o en informes para el público.

El INDRHI ahora vuelva a recuperar el proyecto de la Presa Monte Grande con un costo global superior a US$ 300 millones, sin que ese explique con presupuestos detallados y anexos, los vertiginosso aumentos de costos. Todo otra vez es un misterio. Nada se publica, solo por declaraciones de prensa. La OMSA de transporte ha sido un caso escándaloso. Como una mafia operaraba sin presupuestos, licitaciones, contratos de obras de suplidores de amigos compañeros del partido, sin tradición comercial. Ahí no hay ninguna licitación ni proceso de transparencia económica mínima.

Los proyectos de la CDEEE es algo ya fuera de toda mínima gobernanza y prudencia. La planta de Punta Catalina es un misterio. Se calcula que tiene un sobre costo mínimo de US$ 800 millones y ahora el estado dominicano está demandado en arbritraje en Nueva York por US$ 700 millones, un verdadero problema legal económico. No hay Presupuestos detallados, causas de aumentos de costos, licitaciones administrativas internas maquilladas, gastos financieros increíbles.

Para defenderse, el gobierno en medio de un proceso de acusaciones con empresarios y políticos aliados de Odebrecht, interfiriendo con la Justicia, creó por Decreto una Comisión de Investigación, ligera, complaciente y con miembros cómplices y/o comprometidos. Todo fue una jugada política publicitaria, pero nada de rendición de cuentas ni de transparencia comercial-financiera. Eso es un coto cerrado.

Respecto a transparencia en las estadísticas fiscales y monetarias, queda mucho por hacer del conocimiento del público. Se publican cifras globales y generales, pero no detalladas y analíticas. Por ejemplo, Hacienda, Dirección de Presupuestos o Contraloría, no publican las cifras mensuales y anuales del número de empleados públicos, desglosados por gobierno central y entidades autónomas, con sus totales.

No existen publicadas cifras sobre la nómina de empleados, cuadros de clasificación por rango de sueldos y extras. Todo es un misterio. Se dice en la prensa que el total de empleomanía pública — gobierno central y entidades autónomas — es más de 650,000, pero no se conoce con exactitud, como tampoco cuanto ha aumentado desde 2000, 2004, 2012 y al 2018. Se necesita esa real transparencia. Quisiera ver cuadros de los rangos de sueldos de todos los empleados del gobierno central, autónomas y consejos.

El Banco Central tiene un buen portal de información, quizás el mejor del país. Pero se puede seguir mejorando y brindando más datos sensibles y necesarios para el análisis de la política monetaria y creditica. Por ejemplo, debería publicar mensualmente los rangos por montos del crédito bancario privado, para conocer el grado de concentración por empresas e individuos, y los rangos y concentración de préstamos por sectores.

Se estima que existe gran concentración en el crédito, lo que afecta el crecimiento equilibrado y el empleo. Debemos de entrar en la composición y rangos de los créditos privados. Igual, debería brindarse cifras de la composición, rangos por montos y plazos, de los Certificados que emite y del ahorro bancario. Hay cifras globales, pero no clasificadas por rangos, para saber la concentración y la diversificación.

El Ministerio de Obras Públicas no publica casi nada o nada en su página portal web, sobre la ejecución de cada proyecto vial y de infraestructura. Se publican fotos, ruedas de prensa e informaciones parciales, pero nada de la ejecución, costos, calendario y egresos por proyectos. Es una enorme falta de información y transparencia. OISOE publica aún menos. Esa institución es un misterio. No publica ni pone en su página portal ninguna información financiera y de gastos, egresos, de ejecución de obras, costos y rendición de cuentas. Solo publica pequeños listados enunciativos de algunas obras, sin cifras económicas, que no tiene ningún uso práctico.

En general, para no entar en más detalles, es obvio que en el país no existe una real concepción moderna de transparencia y rendición de cuentas. El gobierno informa y exhibe lo mínimo con informaciones parciales. Las páginas portales web de las instituciones, son para promover las fotografías de cada titular, y para informar, de talleres, cursitos o cualquier evento menor. Pero no hay informaciones económicas relevantes, informes de ejecución de obras con datos financieros y autidorias finales.

Las organizaciones de la sociedad civil, la oposición política y las universidades deben presionar por un gobierno electrónico real y moderno, a la altura de la tecnología. El e-gobierno es esencial para la democracia y la lucha contra la corrupción, para poner en evidencia los proyectos con sobre costos y las mafias en contrataciones de bienes y servicios.

Eduardo J. Tejera

9 de mayo de 2018

PRM; El Derecho a Escoger y la Legitimidad

Desde que se cerró el período de inscripciones de candidatos electivos para la nueva dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y se anunciaron los nombres registrados, algunas voces han cuestionado que se hayan escogido a dos excelentes candidatos. Unos le llaman que fue por acuerdo, como si un acuerdo en política fuera ilegítimo o contraproducente, otros le llaman que se escogieron de dedo, y otros que son personas jóvenes sin la adecuada acumulada experiencia y otros alegan que no pueden tener capacidad interna de “arbitraje”, que es un novedoso y singular argumento.

Pero esas voces preocupadas señalan que al registrarse José Ignacio Paliza para presidente y Carolina Mejía para secretaria general, fueron producto de un acuerdo. Esto es un argumento equivocado y algo pueril, pues con acuerdo o sin acuerdo tienen todo el derecho legal y político a inscribir sus candidaturas. Es sorprendente que los críticos le teman a estas dos candidatos, y se expresen en su contra con sofismas y argumentos sin base, que en el fondo crea cierto mal ambiente dentro del proceso y en el partido.

Yo defiendo el derecho de todos a inscribirse, con acuerdo o sin acuerdo, porque nada malo ni ilegitimo tiene que líderes con máxima popularidad hagan acuerdos tácticos, para promover y registrar candidaturas. Es algo muy realista en los partidos y la política, aquí o en cualquier país. Es además muy positivo como símbolo de civilidad y unidad que Hipólito y Luis puedan llegar a alianzas, para un objetivo común. Es muestra de altura y buen juicio, cualidades muy necesarias en todas las relaciones humanas.

Paliza y Carolina solo se inscribieron, pero no han sido ni escogidos y tampoco de dedos son ganadores. Ahora a riesgo y gran esfuerzo tienen que ganarse los votos. Para ganar se necesitan los votos de la militancia del PRM, por lo tanto no hay designación ni triunfo de dedo. Solo inscripción legitima. En la campaña todo es pura competencia y elecciones libres. Todos los candidatos a todas las instancias, tienen la misma oportunidad de competir libremente. No se debe caer en sofismas y juegos de palabras. Designado por dedo es cuando eres selecto, sin elecciones o por consenso. Y, obvio, ese no es el caso.

El argumento de que ellos carecerían de capacidad de arbitraje es cogido con pinzas. El PRM y su Estatutos, su Comisión Política y la Dirección Ejecutiva y demás organismos, son los reales espacios de negociación. El verdadero arbitraje no descansa en un hombre o cargo, sino en la capacidad política de los líderes del partido. Recuerden que el querido Dr. Peña Gómez, fue presidente y candidato presidencial varias veces, y quién diría que no fue el mejor y gran árbitro como líder, junto con el CEN y la Comisión Política. El arbitraje no lo hace el cargo, sino el liderazgo y la habilidad política y la prudencia.

Creo que el argumento de que Paliza y Carolina son jóvenes, carece de asidero o base. Es al revés, su mayor virtud política es que representan una nueva generación, madura, con experiencia política y gerencial, y gente de pueblo. En adición, están más que preparados para dirigir el partido, la política electoral y hasta para elevarse a cualquier cargo público.

Paliza se ha formado en la política y el Congreso desde muy joven y ahora ha demostrado ser un excelente senador. También tiene experiencia empresarial familiar. Es muy respetado por su inteligencia y prudencia. Es un político maduro y sagaz y agudo orador. Paliza es apoyado por un excelente líder, Luis Abinader, con gran arrastre y simpatías en el partido y en el país. Por qué Luis no puede apoyar al candidato que mejor le parezca o convenga. Eso es democracia y puro realismo político. Tuvo con Hipólito tacto y visión.

De Carolina, que se podrá decir. Nació en la política y ella tiene el ADN necesario y la experiencia privada y pública de más de dos décadas en ambas tareas. Es una dirigente carismática y de pueblo con gran simpatía. Lo tiene todo a su favor con su personalidad y madurez. Su padre, Hipólito Mejía, es un enorme líder y un ex presidente de la República, y ella misma fue asesora activa de su gobierno. Lo único natural y previsible, era que Hipólito apoyara a su hija. ¿Quién acaso no entiende eso? Sería muy ingenuo.

Los dos — Paliza y Carolina –, representan una cara fresca para el partido y la sociedad y son organizadores modernos. Representan renovación y cambio generacional tan necesario en el PRM y toda la política dominicana. La juventud es el 60 % del universo del voto en el país. Ellos dos no son solo operativos políticos internos, son una imagen y una esperanza para el país. Celebro, pues, sus candidaturas, y si hubo acuerdo, me alegro mucho, que se buscara una forma sensata, democrática y equilibrada de tomar decisiones. Pero ahora ambos tienen que ganarse la faja con los votos en las elecciones.

Todos los demás aspirantes a la presidencia, secretaría general, vicepresidencia y demás cargos, son personas, hombres y mujeres meritorias, de tradición política y dedicación. Todos pueden y deben aspirar y luchar por ganar. Son muy valiosos y son un activo político sano. La pluralidad para escoger y votar es muestra de madurez del partido. Las cosas así cambian hacia lo mejor. El partido está dando un gran ejemplo a la nación.

Necesitamos un partido renovado, bien estructurado y fuerte para competir en las elecciones del 2020. Suerte para todos y todas, incluyéndome a mi, que voy como candidato contra excelentes compañeros para la vicepresidencia nacional. Votemos por el cambio y la renovación. Y mantengamos la total unidad por encima de todo.

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

Enero 24, 2018

EDUARDO TEJERA PIDE FISCALÍA INDEPENDIENTE Y ABOGADOS INTERNACIONALES PARA INVESTIGAR SOBORNOS DE ODEBRECHT

EDUARDO TEJERA PIDE FISCALÍA INDEPENDIENTE Y ABOGADOS INTERNACIONALES PARA INVESTIGAR SOBORNOS DE ODEBRECHT
  

El economista Eduardo Tejera pidió a las autoridades Judiciales y al Presidente de la República designar una Comisión de Fiscales Independientes, mixtos, que se ocupen a tiempo completo investigar todos los sobornos que Odebrecht ha repartido en el país, que por el momento la empresa ha admitido ante tribunales norteamericanos, la suma de US$ 92 millones. Esto es un verdadero escándalo que va directo contra funcionarios de pasados y presentes gobiernos y cabilderos ”facilitadores” externos, vinculados al poder. Realmente, es un escándalo y red de corruptos como en Brasil. 

Expresó Tejera que nuestra Justicia no es independiente ni el Procurador ni la Fiscalía, pues al final son funcionarios designados por el Presidente. Entonces que podrán investigar?, en verdad, nada. No es el caso de los Fiscales y Jueces independientes de Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina y otros países, donde hay una guerra contra la corrupción de funcionarios y empresarios vinculados.

Con estos sobornos de US$ 92 millones, que él estima son más, se dieron contratos de obras por más de US$ 3,000 millones sobrevalorados en más de 40 %, según ingenieros consultados. Además ese dinero de los sobornos sirvió para afectar la política y las elecciones, por lo cual la nefasta empresa Odebrecht ha sido un factor grave de corrupción y de interferencia en la política. El propio ex asesor electoral brasileño Joan Ferrer y su esposa admitieron y explicaron a la Justicia de Brasil las cuentas y los pagos de sobornos que dieron a políticos dominicanos del más alto nivel. Estamos, pues, contra delitos probados y admitidos por la empresa. 

Tejera sugiere que esta Comisión de un Fiscal Independiente y varios abogados, vayan oficialmente a los Tribunales de Estados Unidos y de Brasil para conseguir toda la documentación del caso y las pruebas del reparto en la República Dominicana, como ya han salido nombres en papeles y en la prensa. A este grave escándalo queda por resolver y castigar por la Justicia el otro soborno de los aviones Tucanos. Advierte que si este Gobierno y país no hace nada, quedaremos como un paraíso de la inmunidad y la delincuencia organizada en los gobiernos del PLD.

Por último Tejera sugiera que el Estado o entidades privadas demanden a Odebrecht y exijan una multa o compensación por US$ 180 millones, el doble de los sobornos, como Odebrecht ha pagado US$ US$ 2,040 millones a Estados Unidos, Brasil y Suiza. Si la empresa paga ese monto a esos países, de pagar igual una multa y compensar a nuestro país, pues sus daños y sobreprecios. Igual debemos hacer como Colombia y de inmediato rescindir y anular los contratos vigentes de Odebrecht en el país. 

Para Tejera el prestigio del país está en la mirada internacional y el Presidente de la República debe realizar una enérgica operación de limpieza, caiga quien caiga.

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com 

22 de diciembre de 2016.

 

Impuestos, Gastos Excesivos y Corrupción

Cada vez va aumentando más el dilema del contribuyente entre la responsabilidad de pagar los impuestos, y sus resistencia moral y económica, de pagar todos los diferentes tributos, frente a insatisfacción creciente por la mala calidad del gasto del gobierno, la corrupción y el excesos de gastos en clientelismo políticos y alianzas con dinero.
Estudios indican que la carga tributaria general llega al 14 % del PIB, que vista en forma sencilla, puede parecer algo baja. Sin embargo, expertos tributarios y economistas, señalan que la carga es mucho más, si le sumamos, los costos de la seguridad social y los aportes de las empresas y del empleado a sus Fondos de Pensiones. Hay muchos impuestos y tarifas ocultas que se pagan diario. Hoy en día el contribuyente paga para todo servicio, permisos, renovación de documentos, telecomunicaciones, internet, compra de formularios, consumos y todas las gestiones con el Estado. 

Lo que es peor es el limitado universo de contribuyentes. Muy pocas personas físicas o jurídicas pagan impuestos sobre la renta, sobre la propiedad o sobre el patrimonio. La enorme clase trabajadora o microempresaria informal, del 60 %, apenas paga impuestos. Otro ejemplo, los políticos, militares, iglesias, curas, empresarios grandes, agricultores, ganaderos y profesiones liberales generalmente pagan una parte de su real renta imponible. Es algo cultural o inconformidad? Las declaraciones de la rentas de los políticos no son conocidas, son opacas y secreto de estado, y no existe la menor intención de que un Ministro, Director o candidato a un cargo público publique sus declaraciones ante la DGII, como hacen en Estados Unidos, Canadá y en países europeos.

 Pare este año el total de ingresos por impuestos directos e indirectos, en el Presupuesto Nacional del 2016, asciende a RD$ 458,875 millones, sin donaciones e ingresos de capital. Pero el problema de entrada, es que el total de gastos sobrepasan los ingresos, al alcanzar RD$ 566,192 millones, que representa un déficit de RD$ 75,893 millones, o el 2.3 % del PIB. Sin embargo, en términos absolutos, el déficit subió en RD$ 2,011 millones, pero en relación con la burbuja del PIB, supuestamente baja medio punto. 

El dilema para el contribuyente es cómo el Gobierno y los políticos oficiales pueden pedir y tratar de imponer más impuestos, cuando ellos gastan más de lo necesario, disfrutan el despilfarro clientelista y, para colmo no pagan remotamente sus impuestos? Cuál será el efecto negativo de la corrupción y los sobre precios de obras, sobre el ánimo del ciudadano en pagar más impuestos? Acaso quién desea pagar más impuestos para que hasta legisladores, alcaldes de pueblos, regidores y guardaespaldas tengan jepetas de US$ 125,000.00 y sueldos de lujos, más gastos y picoteos y, encima, el ciudadano tiene que pagar un peaje por cualquier servicio. Hay, pues, una rebelión del contribuyente, para pagar más, sino existe racionalidad, calidad y transparencia en el gasto.

 Las nóminas, gastos relacionados y compras del Gobierno Central consumen el 6 % del PIB y la carga tributaria es de 14 %. Si sumamos otros 3 % del PIB de pagos de intereses de la deuda pública, llegamos al 9 %. Quién al final desea pagar con impuestos esta irresponsabilidad del gasto clientelar y un aparato estatal hipertrofiado y monumental. Quién desea pagar más cuando los hospitales están en su peor momento, no hay medicamentos suficientes, las pensiones son de RD$ 5,500 mensual en promedio, la educación a pesar del 4 % sigue un desastre, los apagones eléctricos continúan, el tansporte público caro y pésimo y cuando el pueblo se siente asfixiado por las carencias.

 Cómo y quiénes desean pagar más impuestos cuando el gobierno gasta RD$ 18 millones diarios en publicidad y propaganda, cuándo los funcionarios viajan constantemente y disfrutan de dietas en dólares de lujo, y para cubrir los excesos de gastos, piden más impuestos. Cómo apoyar a subir la carga tributaria cuándo en cinco años han agregado 200,000 empleados públicos, algunos necesarios, pero la mayoría botellas clientelistas.

 Es un gran dilema que tiene la DGII y las agencias recaudadoras. La resistencia del contribuyente es comprensible y humana. No es que todo el mundo sea un gran evasor o mala persona. Es que los que trabajan y se esfuerzan, no desean pagar el estilo de vida, de los que no trabajan, ni generan producción ni empleos. Nadie desea pagar con su trabajo y sudor, la buena vida, los excesos y la corrupción política. Este es un grave problema.

 El país pide una reducción y racionalidad en el gasto y una reforma fiscal integral, que sea de cirugía mayor, por el lado del gasto y de los ingresos-impuestos. Pero los dos lados del Presupuesto. No aceptará otro parche fiscal, para seguir el despilfarro y la francachela fiscal. También hay que reformar el número y tasas de impuestos, leyes de incentivos, y simplificar el sistema. Ya no es solo un problema de impuestos y carga tributaria fría, es mayor, es cuestión de una reforma del Estado, sus instituciones, el nivel de nóminas, de topes de salarios y de celebrar reales licitaciones públicas de obras, para que tengan costos competitivos, no sean fuente de corrupción, — a lo todo incluido.

 Aquí hay funcionarios altos y medios que ganan más que un Primer Ministro europeo y nuestros legisladores ganan más que los de USA. Los niveles de sueldos son desproporcionados y las pensiones de la élite política y burocrática. Pero lo peor es el costo y rechazo de la corrupción, la cual el contribuyente se niega pagar con impuestos.

 La corrupción además de tener efectos morales perniciosos y ser acicate de la delincuencia, crea una rebelión a pagar más impuestos. Si no hay una reforma fiscal integral, sino hay racionalidad y decencia, por ambos lados, habrá descontento y rebeldía en pagar. Ese es el gran dilema del ciudadano contribuyente y de las agencias recaudadoras oficiales. Deben existir fundaciones que cada mes monitoreen las partidas de gastos del presupuesto y las publiquen. Esa sería una labor de contrapeso y equilibrio.

 Podrán la DGII y Aduanas cobrarle los impuestos a la clase política, a sus jefes, no solo el cheque-salario, sino de su real patrimonio? El Gobierno frenará la corrupción y los peajes? Como creo que no hay voluntad, de ahí viene la rebelión del contribuyente.

 

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

20 de marzo de 2016

DECLARACIONES DE EDUARDO TEJERA SOBRE ESCÁNDALO DEL ASESOR JOAO SANTANA DEL PRESIDENTE MEDINA, Y LA QUERELLA EN BRASIL.

Es verdaderamente escandaloso que el gurú publicitario brasileño Joao Santana y asesor de la reelección del presidente Danilo Medina y del PLD y Leonel Fernández, esté ahora preso por corrupción, lavado de dinero con una notorio empresa brasileña privada y una pública petrolera, promotora de un dudoso proyecto de dos plantas de carbón en RD. 
El siniestro señor Joao Santana esté ahora preso y junto con sus aliados corruptos por tráfico de influencia y lavado de dinero político de campaña en los países de gobierno populistas y anti democráticos, que a la vez tienen una directa vinculación con el PLD. Es imposible negar o esconder esta verdad jurídica y política.

Exigimos que el gobierno dominicano y el presidente Medina expliquen bien su relación con el bandido de Santana, sus contratos, sus montos, sus lavados empresariales quién les pagas y su relación con la empresa Obredecht, cuyo presidente lleva varios meses preso en Brasil. 

El tema es muy serio para la República Dominicana, pues esta empresa brasileña tan controversial ayuda a comprar votos y corromper la democracia electoral nacional. Son una fuente de transferencia de fondos ilícitos y un instrumento de conseguir obras en base a dádivas y compras de conciencia y corrupción y de trasiego de dinero.

Si el Gobierno y sus voceros se consideran algo serio, deberían explicar al país, fino y transparente, que tipo de vinculación tienen con Joao Santana y sus empresas fantasmas, quién les paga al gobierno. Cuál empresa brasileña, y sus laberintos internacionales que influye y financia la campaña electoral dominicana y es adjudicara del proyecto de energía eléctrica más grande del país; Punta Catalina. La democracia dominicana está siendo comprada con el dinero sucio de empresas extranjeras y con el concurso de personajes oscuros y mafiosos latinoamericanos.

 El gobierno del presidente Medina debe ser abierto y transparente. Debe decir la verdad. Qué relación tiene el estratega Santana con el presidente Medina y el PLD? Que expliquen y le hablen a la nación. El PLD y la campaña electoral del presidente Medina esta simbólicamente bajo la lupa de la opinión púbica y es sujeta de sospecha pública.

 Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

 

 

 

 

GOBIERNO Y BARRICK: REALIDADES Y DIÁLOGO

Las crecientes diferencias entre el Gobierno y la Barrick, tienen orígenes, sucesos y consecuencias, que deben ser analizados sin pasiones, para poder conocer y comprender las historia, realidades y hechos que han causado este diferendo in crescendo. Mientras más se conozcan las realidades jurídicas, financieras y políticas, más se podrá coadyuvar para que el emplazamiento del presidente Danilo Medina a la Barrick, se encauce por un camino de intenso diálogo, conversaciones sensatas y mutua comprensión de las necesidades, opciones y límites de cada parte. Porque, en efecto, existen varias soluciones.

Pero las exhortaciones de falso patriotismo, emociones y retórica, sin haber leído y estudiado el Contrato original del 2002 y la Enmienda del 2009, no ayudarán a buscar una solución amigable entre dos socios estratégicos y una relación vinculante beneficiosa en sus 25 años de vigencia. Hay muchas cosas buenas, las mayorías, en el Contrato-Enmienda, aunque también se cometieron costosos errores por malas negociaciones y aprobaciones por el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ese es el pasado.

Ahora toca buscar mediante más diálogo y comprensión, una solución creativa y amigable. El mismo presidente Medina en su discurso a la Asamblea Nacional, aunque hizo una vibrante exhortación a la nación y presentó su ultimátum, a la vez fue muy cauteloso respecto al fondo del Contrato, sus aspiraciones de cambiar aspectos concretos del canon fiscal durante el flujo de caja y reiteró su deseo de llegar a acuerdos amigables. Medina no desea abrir el Contrato-Enmienda de forma unilateral. Él busca dinero para sus necesidades fiscales para los primeros cuatro años del contrato. Pero lo desea por entendimiento.

Hechos y Realidades.

La realidad es que en el 2002 después de un largo proceso transparente de licitación pública internacional, patrocinada por el Banco Central y el Estado, se le adjudicó la concesión de explotación de la mina de oro y plata de Pueblo Viejo a la empresa canadiense Placer Dome, mediante el Contrato del 25 de marzo de 2002, ratificado mediante Resolución 125-02 por el Poder Legislativo. El Contrato es por 25 años y está basado en el Preámbulo A, en el Art. 103 de la Constitución vigente es ese momento, que decía: “todo el subsuelo y yacimientos mineros son del Estado”. Es decir, se reconoce y se partió del principio de que el subsuelo es patrimonio del Estado, que a su vez es administrado por el Gobierno de turno, que no es lo mismo que decir que es del pueblo. Igualmente, se basó en un Estudio de Factibilidad y Flujo de Caja a 25 años y en numerosos estudios mineros.

Después cuando la Barrick compró a Placer Dome a nivel mundial en enero del 2006, cuyo venta o traspaso se permitía en dicho el Contrato, con aprobación del Poder Ejecutivo y el Congreso, se modificó todo el proyecto, su magnitud, tecnología y monto de inversión y de ahí después de dos años de negociaciones y asesorías nacionales e internacionales, se firmó la famosa Enmienda el 10 de junio de 2009, que reformuló el proyecto, cambió aspectos del canon fiscal y aprobó el traspaso a Barrick Gold-Goldcorp.

La Enmienda es una continuidad del Contrato original, es supletorio, como se establece, lo que quiere decir que la Barrick tiene todas las mismas obligaciones frente al Estado y el Estado los mismos derechos. La concesión sigue de 25 años, pero al ser diferente el proyecto y mayor la inversión, se presenta un nuevo Estudio de Factibilidad y con un Plan de Negocios y Flujo de Caja por la vigencia del Contrato. Algo normal en negocios y finanzas corporativas. Esta Enmienda fue firmada por cuatro altos funcionarios, con Poder Especial del presidente Leonel Fernández y luego sometida y aprobada por amplia mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados. Todos aprobaron alegremente, lo que hoy cuestionan con estridencia y “patriotismo”. La pregunta es por qué han cambiado de opinión si el Gobierno y legisladores en su mayoría son del mismo partido y aliados. Habrá además algunos intereses políticos domésticos? Me parece que sí, que es distraer la agenda y debate de los problemas internos y que la opinión pública olvide muchas cosas.

Sin embargo, por la lectura del discurso del presidente Medina, él no cuestiona todo el Contrato, tampoco las partes medio ambientales que son muy favorables al país y tiene todos los permisos Ministeriales, tampoco la supervisión, valoración y auditorías por el Banco Central, DGII, la conocida empresa SGS de Suiza, y cuantas asesorías requiera el Estado. No se cuestiona a la empresa, pues dijo: “Estoy convencido de que la Barrick es una empresa seria, comprometida con una minería responsable y cumplidora de las normas”, y sobre la inversión expresó: “La inversión extranjera que se ha producido en el Proyecto Barrick Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país en toda su historia”. Estos son elogios importantes. Entonces, ¿qué cuestiona el Gobierno y cuál es la real situación? Donde están las discrepancias del Contrato-Enmienda, que ha producido este emplazamiento.

Flujo de Caja y el Canon Fiscal.

Entiendo que las diferencias surgen solamente de los artículos que se refieren a la distribución de flujo de caja en los primeros cuatro años, de los 25 años de vigencia, y los aspectos de una sola parte de los tres conceptos de pagos al Estado, que son:

Primero: Tanto en el Art. 8.2, letra A (i) del Contrato original como en el Art. 8.2 de la Enmienda, se establece el pago de Regalía o RNF (Retorno Neto de Fundición), que es del 3.2 %. Es decir, es el 3.2 % sobre ventas o ingresos brutos. Aquí nada cambió.

Segundo: Tanto en el Art. 8.3, letra, C, del Contrato, como en el Art. 8.3 de la Enmienda, se establece la obligación de pagar el Impuesto sobre la Renta con tasa de 25 %, sobre utilidades netas, desde que se tengan beneficios, según el Código Tributario y de paso se establece todo un mecanismo de control y supervisión, por la DGII, Banco Central y auditores nacionales y externos. En este artículo nada cambió.

Tercero, Tanto en el Art. 8.4, letra C, del Contrato, como en el Art. 8.4 de la Enmienda se establece el pago del PUN (Participación sobre Utilidades Netas), pero las bases y condiciones del PUN sí fueron modificadas. Aquí sí se verifica un delicado cambio entre Contrato y Enmienda, que los negociadores les tomaron dos años en pactar, antes de firmar la Enmienda, previo Poder Especial del Presidente, como es de rigor. En el Contrato el PUN se basaba en una banda o escala de tres niveles de precios, en el Art. 8.4, letra (d), que para el 2009 estaban desfasados por estar muy bajos, y se prefirió cambiarlo por un canon fijo porcentual de 28.75 % de las utilidades netas, que fue solicitado y negociado por el Ministerio de Hacienda. El Ministro y su equipo prefirieron un porcentaje fijo, sobre el nivel de precios del oro que fuera y sobre las reales utilidades netas de la empresa, previa auditoría internacional y validada por la DGII y el Banco Central. No se ha explicado las razones del cambio del PUN. Entiendo que se consideró más conveniente al Estado.

Hay un tema que es esencial, para comprender el origen del actual impasse, que es la base del diferendo. Tanto en el Contrato como la Enmienda, basado en el Plan de Negocios y su Flujo de Caja Acumulado de 25 años, se le permitió a la empresa no comenzar a pagar el PUN, sobre utilidades netas, hasta que se haya recuperado la inversión total, como se establece con claridad en el Art. 8.4, letra A, del Contrato, que define el concepto de “Monto de Recuperación” y en el Art. 8.4, letra A, inciso (i y ii) de la Enmienda del 2009, sea al precio del oro que fuera con escalas o cuando se fijó un PUN fijo en 28.75 % de la utilidades netas. Esto condenaba a que en la distribución del Flujo de Caja, primero se recuperada la inversión y después comenzaba a aplicarse y pagarse el PUN porcentual. Esto lo considero incorrecto, y se debió pactar un período de recuperación de la inversión más largo y fijo, digamos se 6 o 10 años y así habérselo presentado a los bancos financiadores. No conozco las razones, para que en ambos convenios, se aceptara, que primero se recuperaba la inversión. Los negociadores quizás deban explicar este crítico punto.

A mi juicio, sin conocer las interioridades, esta aceptación en el Contrato y luego en la Enmienda condenaba al Estado a recibir, inclusive a cualquier nivel de precios, el PUN solo después de recuperada la inversión. Esta es, ahora con la Enmienda vigente, la esencia de la diferencia, es solo un punto de liquidez y pagos en los primeros 3 a 5 años, pero no todo el Contrato, ni todo su Flujo de Caja Acumulado Neto. El error o pecado original repetido viene en que en los primeros años no se recibe los tres tipos de pagos señalados, solo dos, pero sí se recibe todos los ingresos en el período de los 25 años, después de recuperada la inversión. El PUN de 28. 75 % es una variable porcentual fija por el período del Contrato-Enmienda. Eso sí, naturalmente, si los precios del oro son más altos como ahora, entonces los ingresos brutos y netos aumentan y la recuperación de la inversión se realiza en menor tiempo. Si a los precios del 2009, se recuperaba en 7 o 8 años, ahora, aunque la inversión ha aumentado a cerca de US$ 4,000 millones, luego de validada como se estipula, se podrá recuperar en 3 o 4 años. La cifra con precisión de cuantos años requiere no la conozco, pero los negociadores si la tienen, en el Plan de Negocios y su Flujo de Caja.

Por lo tanto por la vigencia del Contrato no afecta los ingresos del Estado, pero si lo afecta en los primeros tres a cuatro años, independiente del precio de oro. Y este punto, de acuerdo al discurso del presidente Medina, él lo tiene bien claro. El Estado siempre a lo largo de los 25 años, tendría un aporte neto de pagos, que los firmantes de la Enmienda establecen en 50 % para ambas partes, en el caso del Estado alrededor de US$ 11,000 millones, más o menos, según la evolución del precio del oro en los 25 años. El problema y diferencia, si lo aterrizamos, es solo, un debate de la repartición de pagos y liquidez de los primeros cuatro años, pues de ahí para adelante, recuperada la inversión, el total de los tres cánones de pagos ya se pagan. Estos ingresos son la Regalía, Impuesto sobre la Renta y el PUN, que serán muy buenos para el país y su economía, sus exportaciones, tasa de cambio, balanza de pagos, creación de empleos y generación de riqueza. El Contrato y Enmienda darán un valor agregado neto acumulado por los 25 años atractivos y buenos.

Por último se modificó también la Enmienda al agregar otra condición del pago del PUN, que para mí es incorrecta y no convencional, la condición que para pagar el PUN de 28.75 % de las utilidades netas, la empresa debe lograr una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 10 %. Este cambio está en el Art. 8.4, letra A, inciso (i) de la Enmienda. Eso no es usual en negocios ni aquí ni internacionalmente. Se reparten los beneficios netos que fueran, cualquiera que sea su monto, después de deducir los costos, gastos administrativos y financieros y la amortización acordada de los préstamos, pero no cuando se logra un determinado porcentaje de beneficios netos. En este caso un TIR de 10 % sobre el Flujo de Caja Efectivo Acumulados. Ahora bien, se comenta que aunque el pago del PUN está sujeto a un TIR de 10%, ahora a estos niveles del precio del oro, no lo afecta, porque señalan que el TIR está por encima del 10 %. Así que esto no afecta al Estado, a los precios actuales, pero lo podría afectar si bajan o mejorar si suben.

Los negociadores que firmaron la Enmienda recibieron según el mismo Preámbulo, en los Por Cuantos 6, 7, y 8, el Poder Especial No. 17-08, del 13 de febrero de 2008, del presidente Fernández, autorización para aceptar y firmar el TIR de 10 %, porque, cito: “El señor Presidente entendió pertinente”. Igual señala el Por Cuanto, que el Presidente se basó para aceptar el TIR de 10 %, en el Estudio de Factibilidad presentado por la compañía, que fue examinado y sus fórmulas y flujo de caja aceptado y validado, por una asesoría solicitada y contratada por el Gobierno con el BID. El texto dice: “los asesores contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo recomendaron modificar el CEAM”, que significa el Acuerdo Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros, el Contrato.

Se señala, para mayor claridad, que los asesores del BID aconsejaron aceptar la condición del TIR del 10 %. En el mismo Por Cuanto 8 de la Enmienda, se afirma que los asesores del BID recomendaron que: “…hasta tanto el proyecto alcance una tasa interna de retorno del diez por ciento (10%) y una vez alcanzada dicha tasa, el porciento del PUN que le corresponda al Estado sea de un veintiocho puntos y setenta y cinco por ciento (28.75 %), permitiendo así que El Estado reciba aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de los flujos netos generados por el Proyecto”. El Gobierno aceptó este requisito y comprendió y aceptó que recibiría el 50 % de los ingresos netos acumulados del proyecto en sus 25 años. Como se puede apreciar, bueno o malo, esto fue lo que se propuso, estudió, se aceptó y firmó. La Enmienda y estos cambios fue lo que aprobó con amplísima mayoría e inclusive de todos los partidos el Congreso Nacional en el 2009.

Me imagino que en el medio de la crisis mundial en el 2009, el Gobierno tenía gran interés que la Barrick Gold y Goldcorp realizarán la alta inversión que alcanzará US$ 4,000 millones aproximadamente, para mitigar el choque externo, tener una inversión que dinamizara la región y la economía nacional y apuntalara la balanza de pagos, la tasa de cambio y creara miles empleos. Es también razonable pensar que sólo una empresa de muy buena reputación, capital y trayectoria crediticia, podría levantar en los mercados de capitales y bancos, el financiamiento necesario para tan grande proyecto, en ese momento. Dentro de todo, hay que pensar en la particular coyuntura de esos críticos años de crisis mundial, tanto desde el punto de vista del Gobierno como de la empresa inversionista.

Tacto y Más Negociación.

Después que se analizan sin pasiones estos dos documentos legales, se llega a la conclusión, que todo el proceso fue debidamente debatido, analizado, y que el Contrato y la Enmienda cumplieron el proceso de todas las aprobaciones del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Se llega a la conclusión que no es un Contrato leonino y nefasto, y que nadie vendió a la Patria, ni nadie la asaltó. A mi juicio, sí se cometieron errores y se aceptaron términos que se debieron negociar más, aunque no conozco las circunstancias internas de la negociación. Vale solo decir, que visto el Contrato y su Enmienda en el plazo de los 25 años de vigencia, el Estado recibirá como se estipula el 50 % de los ingresos netos del proyecto. El 24 de febrero de 2010, escribí un artículo en Acento.com, que expresé: “Yo estoy de acuerdo con la inversión y el proyecto de Barrick, pero no necesariamente con todos los detalles. Personalmente, dejando el mismo flujo de caja y tasa de retorno (TIR), hubiera preferido que aportara más fondos al Estado dese el principio”. Ahora pienso igual.

Por lo tanto, el único problema o diferendo entre las partes, es la distribución del flujo de caja durante los primeros cuatro años, y la condición aceptada y aprobada, de que antes de pagar el PUN, debe recuperarse la inversión y el TIR de 10 %. Las diferencias, pues, son muy pequeñas, si tenemos en cuenta los beneficios para las dos partes en 25 años o más, que será, como señala la Enmienda, del 50 % de los flujos de efectivo acumulado, para cada parte. Es algo que debe meditarse, negociar y dialogar con tacto y comprensión. Sugiero a la Barrick y al Gobierno no dejarse provocar y que ambos convengan, que los mejor es el diálogo y llegar a un entendimiento razonable y mutuamente viable. No se pongan plazo cortos, que no hay apuros, apenas se empieza a exportar, pero dialoguen.

No es momento para exhortaciones de tardío patriotismo dudoso, de pedir la anulación del Contrato, de pedir que se prohíba las exportaciones de oro o decir sin base que fue un gran robo o estafa. Esta semana se ha oído de todo. Los alardes “nacionalistas” de los legisladores, chocan contra la conciencia, porque ellos aprobaron todo, y muchos admiten, que sin leer la Enmienda. El momento es de tranquilidad, reflexión y dejar a que el presidente Medina opere por las vías a su alcance y la empresa igual reflexione. De actuar unilateralmente el país, sería sometido a un Arbitraje Internacional, como se estipula en el Contrato en la parte sobre de disputas. Esto nos afectaría respecto al costo riesgo país, costo crediticio, la colocación de los bonos soberanos, quizás a grandes inversiones y entraríamos en un complejo y largo arbitraje, que difícilmente ganaría el país, pues el Contrato y la Enmienda fueron debidamente aprobados por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. No debemos exponer a la nación a riesgos que hoy no se pueden medir bien.

Hace bien el CONEP y los empresarios, que además de anhelar lo mejor para el país, tenemos empresas que invierten, crean riquezas y millones de empleos, en pedir cautela y seguridad jurídica, que no quiere decir, que no se pueda sobrevenir a cambios amigables. Los empresarios sabemos que todo es cambiable dentro de negociaciones voluntarias; es parte del juego y del comercio. Dejen al presidente Medina y su equipo solos, ellos buscan liquidez, pero con tranquilidad. Lean bien el discurso del presidente Medina, porque surge como el más sensato y realista. Sabe lo que tiene entre manos y busca un gesto dentro de la situación jurídica que ha heredado.

Por un lado, la empresa, como todas, desea reglas claras, y necesita de un clima de paz y aceptación de la sociedad y su socio. Por el otro, el presidente Medina, al final, solo desea un ligero cambio por la vía que fuera, que reparta mejor los ingresos en los primeros cuatro años. Hay que buscar la fórmula jurídica y reingeniería financiera, para que ambos puedan llegar a acuerdos beneficiosos para los dos. El tema es de liquidez y desembolsos desde el principio de las exportaciones. Parece ser cuestión de US$ 300 a 500 millones al año, o un punto intermedio, aunque la verdad no conozco la posición de las partes. Para lograr esto además de la buena voluntad, habría que renegociar aspectos del acuerdo de pago de los préstamos. El sindicato de prestamistas, en estos casos, tiene que aprobar los cambios, por lo que hay que incluirlos en alguna parte del diálogo. Y eso se puede lograr.

Finalmente, lean entre líneas lo que expresó el presidente Medina en la Asamblea. Por una parte, señaló, que: “A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de adelantar el pago de impuestos futuros”. No le gustó esta idea. Pero a su vez, cuando expresó que de no llegar a una solución, cito: “someteremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre Ingresos Inesperados”. Pero también dijo: “El impuesto sobre los Ingresos Inesperados liquidado operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre la utilidades netas, (PUN) de 28.75 %”. Entonces si es un impuesto contra crédito del PUN, es de hecho un avance. En realidad, en ambos casos es un avance, por distintas fórmulas. Entonces existen vías de entendimiento.

El presidente Medina está siendo serio y conocedor del tema financiero y legal subyacente, cuando explicó: “la introducción del nuevo impuesto no reducirá el valor del contrato original u otorgado a la empresa”. Este punto es fundamental. El Presidente desea liquidez, pero sin abrir el Contrato sin modificar su valor en el período del proyecto. Está siendo prudente, serio, y al final, no desea negociar el Contrato ni lo considera lesivo u oneroso a la nación, para él es solo hay dos puntos, que el retorno de la inversión sea a un mayor plazo y que le desembolsen pagos o liquidez al Estado en: “los primeros años”. Por eso, señaló que de no llegarse a un acuerdo amigable, presentaría el proyecto de impuestos sobre los ingresos inesperados.

Es obvio y claro que todo Estado es soberano, puede modificar, anular contratos e imponer impuestos. De poder, puede, el caso es si le conviene o no. Para mí sería más conveniente para el país y su clima de inversiones, en vez de llegar a choques, buscar el dialogo y soluciones que sean tranquilas y amigables. Pero las partes deben ceder y entenderse. Este país se caracteriza por la estabilidad en las reglas del juego y por su deseo de acelerar su desarrollo con equidad e inclusión, con mayores inversiones y creación de miles de empleos. Por lo tanto, todos debemos esperar y anhelar que las partes sigan dialogando, que lo hagan más intenso y más abierto, hasta que se llegue un acuerdo. Ese es el verdadero interés nacional a mediano y largo plazo.

Eduardo J. Tejera
9 de marzo de 2013
http://www.eduardotejera.com