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CREACIÓN DEL PRIMER EMPLEO Y BECAS PARA LA JUVENTUD

Uno de los problemas más serios para la juventud, que se prepara a nivel técnico o profesional, es salir al mercado laboral y poder acceder al primer empleo. Sin experiencia o trayectoria de un trabajo formal, esta limitante se convierte en un duro círculo vicioso. Les impide encontrar trabajo. Si es una juventud sin preparación especial o adistramiento técnico, el problema del primer empleo es casi insuperable y se transforma en una fuente de desempleo, pobreza ydecepción. 

 

El mismo obstáculo de trabajo lo encuentra cuando decide emprender una micro o pequeña empresa, sea comercial, industrial, o de servicios. Generalmente, no se cuenta con los recursos económicos para iniciarla y al salir al mercado bancario a procurar financiamiento para su proyecto, tampoco tiene con que garantizar ese préstamo. Por lo tanto no califica para lograr un emprendurismo por cuenta propia.

 

Las opciones que les quedan son todas frustratorias: intentar engancharse al sector público, ya sea con una “ayuda” o una “botella”, en las filas del clientelismo político, caer a la delincuencia o intentar emigrar del país. En la generalidad, estos jóvenes pasan a la gran masa de desempleados o se convierten en personas sin futuro, empleo o viabilidad personal o familiar. 

 

Por lo antes dicho, considero que debemos buscar soluciones satisfactorias a un problema que afecta la mayoría de la juventud dominicana, planteando políticas conjuntas entre el sector público y el privado que aseguren que la juventud encuentre un primer trabajo en su país y pueda desarrollar su propio futuro. 

 

A título de resumen, propongo desarrollar algunas medidas desde el Gobierno, para que en colaboración con la empresa privada, puedan disminuir, de manera satisfactoria el desempleo de la juventud. Estas medidas se dividen en tres partes:

 

a) Facilitación del primer empleo
b) Apoyo al emprendurismo
c) Profesionalización y desarrollo

 

 

I. Incentivo para el Primer Empleo en el Sector Privado:

 

Para aumentar la oferta de empleos formales y disminuir el exceso de la nómina pública, el Gobierno debe estimular a la empresa privada a captar esa juventud que salen de los centros de estudios con preparación técnica o profesional, pero sin experiencia laboral. Para implementar este estímulo, planteamos lo siguiente:

 

1. Se crearía el concepto para los fines tributarios y laborales del empleo con Contrato Temporal desde uno hasta tres años. Se definiría como joven a una persona entre 18 a 30 años, de ambos sexos.

 

2. Los nuevos empleados mediante el sistema de Contrato Temporal por un año, renovable hasta tres años, no estarían cubiertos por las normas del Código de Trabajo, en temas como el pago de la cesantía, las prestaciones sociales, o cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social. Esto facilitaría la contratación con costos más bajos para las empresas. Se necesitaríancambios y adaptación en el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Normas de la DGII.

 

3. El seguro médico sería obligatorio en la prestadora de servicios médicos del Estado (SENASA) y sería cubierto de la siguiente manera: 50% por el Estado, 25% por la empresa y 25% por el empleado. Estas condiciones aplicarían mientras la empresa mantenga el Contrato Temporal al empleado joven. Los Contratos temporales se registrarían en el Ministerio de Trabajo. Dicho Ministerio otorgaría la acreditación para poder obtener el subsidio del Gobierno. Esta idea habría que elaborarla más, en sus aspectos legales, operativos y financieros.

 

4. En adición, el Gobierno crearía el concepto impositivo de: Crédito Tributario al Empleo (CTE),vía Normas especiales de la DGII. A cada empresa que contrate una persona joven, se le otorgaría un CTE por el 50 % del gasto salarial incluyendo el salario trece y el seguro médico por el primer año por cada empleado bajo el sistema de Contrato Temporal. Este porcentaje podría disminuir a un 25% durante el segundo y tercer año. Este CTE sería deducible de la renta imponible. 

 

Ejemplo: Si el sueldo de una persona bajo el Contrato Temporal asciende a RD$20,000 mensuales, que representa un sueldo anual de RD$ 260,000.00, incluyendo el 13, entonces la DGII emitiría un Crédito Tributario al Empleo (CTE) por valor de RD$130,000.00 a favor de la empresa, el cual seríaaplicable a la renta imponible del Impuesto Sobre la Renta. Este CTE se otorgaría por todos los nuevos empleados jóvenes que una empresa emplee bajo Contrato Temporal.

 

Los contratos laborales se registrarían en el Ministerio del Trabajo, para su control y administración. Se pueden estudiar otras formas de incentivos tributarios o créditos fiscales para que las empresas contraten más jóvenes mediante el sistema señalado de Contrato Temporal o a través de las contrataciones normales. Pero este es un plan viable con incentivos focalizados para crear el empleo juvenil.

 

II. Apoyo al Emprendurismo de la Juventud:

 

1. Como complemento, se podría implementar varios programas concretos para estimular y facilitar que los jóvenes puedan instalar una micro, pequeña o mediana empresa, tanto industrial, agrícola, comercial o de servicios. Las facilidades deben incluir apoyo técnico para la formulación de los proyectos que se presenten; apoyo financiero para poder instalarse con créditos blandos sus proyectos; apoyo tributario y apoyo gerencial para asegurarse, tanto para el sano desarrollo de los proyectos, como del repago de los financiamientos obtenidos, de modo que se logrenempresas exitosas y no una carga para los contribuyentes.

 

2. Un nuevo Fondo Promipymes para la Juventud, creado y administrado por la Vicesecretaría Mipymes en el MICM, que podría estar dotado de recursos del Gobierno, de donaciones nacionales e internacionales, financiamientos de los organismos internacionales y de aportes o líneas de crédito de la banca nacional y las grandes empresas participantes. Podría iniciar con RD$ 500 millones aportados por el Gobierno y demás fuentes en asignaciones mensuales de RD$ 50 millones.

 

3. El Fondo de Garantía, creado por el Gobierno en el MICM, para estas empresas. Promipyme, que administra el Ministerio de Industria y Comercio, abriría una ventanilla especializada para otorgar las garantías, después de un análisis técnico-financiero del proyecto. El programa de garantías podría brindar avales desde un 40 % al 80 %, según el proyecto y los promotores. Para estos fines el Promipyme sería el organismo que se ocuparía de brindar el apoyo técnico-financiero para la evaluación y aprobación de los créditos y garantías extras.

 

4. El Gobierno otorgaría exención del Impuesto Sobre la Renta, por cinco años,  a las micros y medianas empresas financiadas por la ventanilla de créditos para los proyectos de la juventud del Promipyne. También se le otorgaría la exención de los impuestos para formar una compañía organizada como SRL o SAS.

 

5.- El Gobierno crearía una unidad de supervisión gerencial, dentro del Programa del Primer Empleo parala Juventud, en el MICM con la finalidad de darle seguimiento y supervisión financiera a estas empresas, velando por que se mantengan operando de forma eficiente y puedan convertirse en entes productivos y de creación de empleos.

 

III. Profesionalización y Plan de Becas. 

 

Como parte de este plan para el empleo y mejoramiento de la juventud, proponemos implementar un programa de becas para estudios especializados, diplomados y/o carreras técnicas, para aquellos emprendedores que recibieron un crédito de Promipyme. Las becas podrían cubrir el 50 % o hasta 100 % de los estudios, siempre que estén relacionados con la actividad o sector objeto del crédito, en estudios de contabilidad, finanzas, mercadeo, administración de empresas o carreras técnicas en un diplomado de máximo dos años. 

 

Estas becas tendrían que estar vinculadas a los negocios que emprendan, y su objetivo es mejorar su calidad técnica y empresarial. No compite con los programas de becas de los Ministerios de Educación y de Educación alta.

 

IV. Resumen:

 

Estas son algunas ideas de medidas concretas que deben implementarse para crear el primer empleo para la juventud y para que algunos se puedan insertar como micro o mediano emprendedores con sus empresas productivas o de servicios. Los programas del primer empleo son fundamentales en esta época, debido a la falta de oportunidades de trabajos para los recién graduados. 

 

Naturalmene, se pueden estudiar otras ideas y políticas para madurar más el programa e incluir más facilidades e incentivos. Pero este es un primer esbozo.

 

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

28 de noviembre de 2019

 

 

 

DECLARACIONES DEL DIRIGENTE DEL PRM EDUARDO TEJERA EN CONTRA  DE LA VENTA DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE PUNTA CATALINA

El economista Eduardo Tejera dirigente del partido PRM expresó que sería muy delicado e ilegal vender en el medio de un proceso electoral las dos plantas eléctricas a carbón de Punta Catalina, por un valor estimado entre US$ 2,500 a US$ 3,000 millones, y sobre la base de un capital pagado de US$ 630 millones, a un 50 % público y 50 % privado, aparentemente y que todos los pasivos sean absorbidos por el Estado dominicano. 

 

Tejera expresó que esta fórmula de venta administrativa es un escándalo y una hipoteca para el país, y un gran negocio para los inversionistas relacionados con el gobierno, que con alrededor de US$ 300 millones o menos, se quedarían con las dos plantas eléctricas y su administración. Sin una real licitación pública internacional y sobre la base de un mandato marco-legal del Congreso Nacional, todo el proceso sería viciado y nulo frente a inversionistas nacionales e internacionales serios. 

 

Tejera señaló que esta sería una licitación administrativa interna ilegal y que no contará con una ley base aprobada por el Congreso. Dijo que es un procedimiento anormal llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda y la propia CDEEE y las tres Distribuidoras, de manera nada legal.Tejera pidió que el futuro de las plantas de Punta Catalina sea decidido por el próximo Gobierno, y nunca por este gobierno a cinco meses de elecciones.

 

El dirigente del PRM señaló que hay una total falta de transparencia en el proceso administrativo interno, pues no se conocen los informes de tasación, la relación de deudas, las partidas de intereses acumulados, los activos involucrados y su valoración, ni existen Estados Financieros auditados externamente. Todo el proceso es nebuloso, sin ninguna transparencia y datos oficiales públicos, y la poca información que el gobierno ha brindado, son de esporádicas notas de prensa y declaraciones de funcionarios parciales, pero nada formal, legal ni transparente. 

 

 

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

26 de noviembre de 2019

 

Política de Financiamiento de la Vivienda

Para el gobierno y el sector privado lograr promover, construir y vender proyectos de viviendas en residenciales o de apartamentos, será necesario que se formule una clara política de incentivos y construcción de la vivienda, tanto para la clase media baja, como para la clase trabajadora de bajos ingresos. La política debería ser segregada; una, para la construccción de viviendas sociales por parte del gobierno, y otra, para viviendas de bajos costos por el sector privado, y financiado por el sistema bancario y las asociaciones de ahorros y préstamos. Las políticas deben ser dual: para el gobierno y la del sector privado.

 

Políticas de Fomento de Viviendas Públicas.

 

El Gobierno Central y sus agencias especializadas tienen la obligación de promover y construir como mínimo de 10,000 unidades anuales de apartamentos sociales de muy bajos costos, para las personas pobres o de muy bajos ingresosmensuales, que no tendrían acceso al crédito bancario. Esta es la labor del Estado. Podrían ser unidades de 50 metros cuadros, a un costo de RD$12,000 el M2, con un costo por unidad de RD$600,000.00 (US$11,538.00). El gobierno aportaría la infraestructura, planta de tratamiento, el terrenoy electricidad. El costo anual de 10,000 unidades, serían alrededor de RD$ 6,000 millones al año.

 

Estos proyectos se deben construir en todo el país, y pudieran ser ejecutados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), el Ministerio de Obras Públicas u otro organismo especializado. Sería un esfuerzo como parte del combate a la pobreza y brindar soluciones habitacionales a los más pobres. El Gobierno Central aportaría los recursos financieros necesarios, dentro del Presupuesto Nacional anual. Una idea para financiar el costo anual podría ser dedicar del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), del 1 %, se especialice un 0.25%, y se asigne ese ¼ del 1%, a un Fondo de la Vivienda Social (FOP), administrado por elMinisterio de Hacienda. Esta fórmula tendría el compromiso social de los más pudientes.

 

En adición, el Gobierno debe diseñar programas de soluciones habitacionales para mejorar las viviendas precarias ya existentes, en la forma de donar el techo de zinc, pintura, piso de cemento, ventanas y puertas, además de utilizar nuevas tecnologías y materiales más baratos de calidad y reciclados. Sería un plan focalizado que muy bien puede ejecutarlo el INVI, como parte del gasto social del Gobierno Central. 

 

Políticas de Viviendas Construidas por el Sector Privado.

 

Es necesario que el Gobierno implemente una política coherente y especial para promover la construcción de casas y apartamentos para la clase media baja de precios de RD$ 2.6 a RD$ 6 millones y viviendas de bajo costo de RD$ 1.5 a RD$ 2.5 millones para los trabajadores y micro empresarios informales. Estos dos nichos del mercado deben ser atendidos por los promotores privados, ya que los potenciales compradores de unidades, con una buena política de bancarización, trendrían acceso al crédito hipotecario de largo plazo. La experiencia ha sido buena en los últimos años con el apoyo de la figura del fideicomiso, pero podría mejorar mucho para construir más unidades habitacionales al año.

 

Proponemos que se cree un Fondo de Financiamiento de la Vivienda (FOP), adecuado a las realidades de la demanda y del poder adquisitivo del comprador. No basta con los planes de inversiones individuales de varias empresas promotoras ni programas crediticios del sector bancario y de las asociaciones de ahorros y préstamos. Se requiere de complemento una política de Estado de desarrollo de lavivienda, con facilidades del brazo crediticio focalizado y constante, y no solo del apoyo a proyectos específicos a través del Banco del Reservas, sino con una oferta a un amplio abanico de proyectos en distintos puntos del país.

 

Sugerimos que el Fondo de Financiamiento de la Vivienda se incorpore como un Fideicomiso de Oferta Pública (FOP), de una Sociedad de Administración de Fondos de Inversiones (SAFI), estatal o mixta, administrado por el Gestor Fiduciario que estructure el FOP. Por ejemplo, se crea el FOP con inversiones por hasta RD$10,000 millones, donde a través de emisiones de capital y deuda se capte recursos del mercado, vía los Puestos de Bolsa. 

 

Se necesita tener como los demás países latinoamericanos, estos Fondos Especiales, para brindar préstamos interinos para la construcción más realistas sin ataduras y limitaciones por las normas prudenciales, subsidios al comprador con bonos-iniciales para los más pobres y facilidades al constructor, para abaratar las unidades y, sobre todo, hacer más accesible la compra de viviendas al consumidor vía créditos con bajos intereses, mayor cobertura del crédito hipotecario hasta el 90% del valor de la propiedad y a 20 y25 años de plazos.

 

Para apoyar y cubrir parte del riesgo de los bancos y asociaciones del crédito hipotecario y ampliar el número los compradores de viviendas de bajo costos, se debería crear un Fondo de Garantía de Préstamos Hipotecarios, del Estado o mixto, que sirva como un seguro del 50% de las hipotecas, para aumentar el número de préstamos de los clientes compradores de bajos recursos. Esta concesión de un aval por el 50% de los créditos actuaría como un poderosoincentivo para que la banca aumente la cartera hipotecaria para la vivienda. 

 

La Ley 189-11 de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso ha tenido un buen éxito. Creó un sistema novedoso y también creó la conciencia de la necesidad de construir más viviendas de bajos costo para la clase media baja, micro empresarios informales y los trabajadores. Estaes una herramienta muy buena y realista, que se complementa en parte con el uso de la política monetaria y crediticia de tasas de interés diferenciadas y liberación del encaje legal. 

 

El Banco Central debería implementar de forma permanente la política de liberar el 1 % del encaje legal, para que las intermediarias puedan dedicar esos recursos a lacapitalización del FOP. Con esos recursos se constituye, una especie de capital semilla. Este objetivo se puede lograr mediante un acuerdo del Banco Central con los actores del sistema financiero y del mercado de valores, todo bajo un fideicomiso FOP.

 

Para que se mantenga un ritmo acelerado de construcción de viviendas de clase media baja y de bajos costo, es necesario que el Fondo de Financiamiento de la Vivienda, tenga y opere con varias ventanillas de créditos de iniciales y largo plazo, según necesidades del comprador de la vivienda y del constructor de urbanizaciones y proyectos de viviendas, dependiendo del mercado comprador, su nivel de ingresos y su capacidad de pago de la cuota mensual. 

 

El dilema que existe en el país para vender más viviendas que sí tienen demanda-mercado, como demostró el Estudio de Viviendas de ACOPROVI, es la falta de buenos planes flexibles de créditos hipotecarios del sistema financiero nacional. Lo esencial, de la decisión de un comprador es obtener una tasa de interés reducida y tener plazos de amortización de 20 y 25 años, con cuotas mensaules bajas para el comprador. Lo otro necesario es lograr flexibilizar aún más las normas prudenciales que resultan muy estrictas y limitativas por la falta de bancarización de un mercado laboral muy informal. El crédito a largo plazo, a bajo interés y cuotas realistas-viables, es la clave del éxito de la promoción de viviendas.

 

El objetivo de captación/inversiones es indispensable, porque existe mucho dinero ocioso, en busca de oportunidades serias, con buenas garantías y reconocida administración. Igual, se pueden titularizar préstamos hipotecarios, y revenderlos a los bancos, FOP y AFP´s, para crear mecanismos de captación revolventes. Las garantías en primer rango de créditos titularizadas son las más seguras como instrumento de intermediación a largo plazo.

 

Para agilizar toda la construcción de viviendas, hay que acabar de crear una real y fuerte Ventanilla Única en el Ministerio de Obras Públicas, crear un departamento especial en la Jurisdicción de Tierras y el Registrador, pues el proceso de deslinde de títulos y sus divisiones tarda más de 10 meses. Habría que revisar distintos impuestos municipales y cargas, que se convierten en gravámenes a la construcción disfrazados, que en el fondo solo encarecen las viviendas. Los paga el consumidor-comprador. Hay que modernizar muchas instituciones que hoy no están en armonía con una agresiva política habitacional.

Finalmente, esperamos que estas iniciativas de implementar una política coherente para la construcción de viviendas públicas y para el sector privado, y la propuesta de crear un Fondo de Financiamiento de la Vivienda (FOP), seanestudiadas y consideradas por el Gobierno, los promotores constructores, el Banco Central, SIV y las entidades bancarias y financieras. Para poder construir y vender más de 25,000 viviendas al año se necesitan políticas públicas muy definidas para promover, financiar, construir y vender la nueva oferta habitacional tan necesaria para el país. Este es el cambio necesario en la política de viviendas.

 Eduardo J. Tejera Curbelo

http://www.eduardotejera.com

14 de noviembre de 2019

NUEVAS REFORMAS DEL BANDEX                                        

El antiguo Banco Nacional de la Vivienda, sufrió una transformación de nombre y funciones para llamarse Banco de Fomento de la Vivienda y la Producción, que fue un fracaso operativo y financiero. Después, se realizó un segundo cambio el 17 de julio de 2015, para se transformado por la ley 126-15 en el actual Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), que igualmente no ha logrado despegar como una institución de fomento de la producción y de financiamiento de las exportaciones. Desde su fundación solo ha podido ser saneada y depurada financieramente, de las enormes pérdidas acumuladas que heredó de más de RD$ 5,500 millones. Su Estado Financiero auditado a diciembre del 2018, muestra la postración financiera de esta institución que no ha podido despegar como un robusto banco de desarrollo.

Descripción del Bandex.

El BANDEX de acuerdo a su ley orgánica, podrá otorgar créditos de mediano y largo plazo al productor y a las exportaciones, líneas de créditos, descuentos de facturas, letras e instrumentos, avalar operaciones, y brindar créditos de pre y post embarque. Esto es una filosofía de banca de desarrollo. No obstante, creo que para aumentar las exportaciones, hay primero que incrementar notablemente la producción interna. La oferta exportable es muy baja y no es sostenible, por falta de suficiente producción. En sus operaciones pasivas, podrá captar fondos, recibir depósitos en pesos o moneda extranjera, emitir letras y bonos garantizados por el Estado, y contratar préstamos de la banca y organismos nacionales e internacionales.  

En su Art.1, se señala que el banco es una “entidad de intermediación financiera pública de fomento, de carácter accionario y capital mixto” y que sus operaciones “contarán con las garantías subsidiarias e ilimitadas del Estado”. Es decir, por el momento es otra institución del Estado que recibirá un aporte inicial de RD$ 1,000 millones de Presupuesto Nacional y al año siguiente otra suma igual y podrá recibir depósitos y emitir letras y bonos. Es decir, el gobierno con un presupuesto deficitario, es quien se propone capitalizar el banco, lo que es poco realista y no sucederá.

No queda muy claro en qué forma podrá invertir el sector privado, a sabiendas que es una banco del Estado con mayoría permanente y administrada por funcionarios públicos. Recomiendo que el concepto de la composición del capital y la administración sean modificados para poder ampliar su base de capital y equilibrar la gestión, para crear más confianza y tener una visión financiera moderna sin ataduras. Convertirlo en un banco mixto de primer y segundo piso, con mayoría de capital privado, que es quien puede reflotar el banco, para que cumpla con sus funciones.

Ahora la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas está representada por cinco Ministros, el de Hacienda, Industria y Comercio de Agricultura, de Economía, Planificación y Desarrollo y el Director del CEI-RD. El Ministro de Hacienda es siempre el presidente de la Asamblea, algo negativo porque no inspira confianza.

Sin embargo, el Consejo de Administración estará compuesto por siete miembros, de los cuales cuatro son los mismos Ministros y el Director de CEI-RD, todos ex-oficio. En adición serán designados por el Poder Ejecutivo tres miembros, por un período de dos años, “quienes serán profesionales del sector privado, ligados a los sectores productivos –con vocación exportadora” El presidente del Consejo es el Ministro de Hacienda. Esto ratifica su carácter de banca estatal, y esos tres delegados privados no tendrán ningún poder de decisión. Solo algo simbólico.

Para capitalizarlo, existe una gran limitación. Los inversionistas privados, sean empresas o personas deberán ser propuestos por la Asamblea “en base a una participación no menor del quince por ciento (15%) del capital pagado”. Esto es muy negativo. Propicia inversiones de grupos grandes y no la democratización del capital. Se debería permitir vender acciones vía los Puestos de Bolsa a la ciudadanía. Pero no es atractivo para el capital privado invertir en un capital del BANDEX estatal.

El Gerente General será designado por el presidente de la República. Ratifica, pues, el control político del banco y el manejo por funcionarios. Una seria limitante. Mantener otro banco en manos de Estado no es práctico ni beneficioso, si existe el deseo de captar recursos del público, buscar accionistas privados y crear un sólido banco de fomento de la producción y las exportaciones.

El Art. 8 de la ley, establece que en los aumentos de capital suscrito y pagado que fueren necesarios, el Estado dominicano, mantendrá una participación accionarial mayor al cincuenta por ciento (50%). En el mismo artículo, párrafo III, queda autorizado el BANDEX y el Ministerio de Hacienda a emitir hasta RD$ 5,000 millones en bonos a colocar en cinco años con fines de aumentar el patrimonio. Estos bonos gozarán de la garantía ilimitada del Estado. Se establece que todo futuro dividendo del Estado serán reinvertidos para aumentar el capital, hasta llegar a RD$ 15,000 millones. La filosofía accionarial por tanto es muy confusa y para nada propicia la inversión privada de instituciones financieras o individuales.

Respecto a la administración, la ley orgánica de BANDEX requiere de profundos cambios, para rediseñar este banco. El Gerente General debe ser un profesional de larga experiencia bancaria, apolítico y escogido por su propio Consejo de Directores, no por el presidente del país. El banco debe operar como un banco mixto de fomento y financiamiento de la producción y de las exportaciones bajo la modalidad financiera e independencia privada. Los socios mayoritarios deben ser entidades financieras, bancos, compañías de seguros, fondos de inversiones y AFP´s e inversionistas individuales. Su capital mixto inicial debe ser de mínimo RD$ 20,000.00 millones.  

Sobre el Capital, Activos y Pasivos.

El Estado Financiero auditado, al 31 de diciembre de 2018, publicado en la página portal, demuestra el colapso económico del banco. En resumen, el total de activos de RD$ 8,182 millones, está compuesto de RD$ 4,290 millones en inversiones en cartera (52%), la suma de RD$ 3,251 millones en cuentas por cobrar (40%), la cartera de préstamos solo es de RD$ 306 millones (4%), y provisiones de RD$ 159 millones. Es decir, solo el 4 % de los activos están destinados a préstamos, lo que incongruente.

Los pasivos son muy preocupantes y no tienen sentido financiero, y demuestran el estancamiento del banco. El total de pasivos y patrimonio asciende a RD$ 8,182 millones, de los cuales, el 55 % son emisiones de valores del banco. Parece que el banco no tiene captación ningún banco, empresas o inversionistas privados.

El total de pasivos alcanzó a RD$ 4,418 millones, de los cuales la cantidad de RD$ 4,196 millones son deudas de emisión de valores del banco y tiene un patrimonio neto compuesto de bonos del Estado y beneficios contables de RD$ 3,764 millones. Para 2018 el resultado operacional fue negativo de RD$ 259.3 millones.

El banco en estos tres años fue bastante saneado contablemente, pero no tiene capital líquido para créditos. La labor de sanear el viejo Estado Financiero, mediante ajustes contables y aportes del Estado, era muy necesaria, pero la entidad requiere de una profunda reingeniería para de relanzarlo, como un sólido banco de fomento.

Recomendaciones.

Finalmente, considero muy necesario que el BANDEX sea transformado, mediante una amplia modificación de su ley, en un banco de desarrollo y financiamiento de las exportaciones de capital mixto, de primer y segundo piso, con la Dirección y Consejo en manos de sus inversionistas privados y que el sector público sea minoritario y sirva de impulsador de proyectos de producción industrial y agrícola de exportación.

Esta política de fomento de las exportaciones debe ser acompañada de incentivos fiscales a los sectores de producción y a los exportadores en una PRO-INDUSTRIA revitalizada y actualizada. Igual, el CEI-RD deberá ser reactivado para fomentar nuevos mercados y realice promociones de nuestros productos en el exterior. Hay  que instalar en los puertos y aeropuertos almacenes de depósitos y frigoríficos.

Estimo que la reestructuración del BANDEX y de su ley orgánica y su filosofía es esencial para el futuro, en aras de crear una real institución de fomento de las exportaciones, que dirija sus préstamos y líneas de créditos hacia el aumento de la producción, como primer paso para incrementar las exportaciones.

No creo que el país tenga un problema de competitividad, costos o precios para aumentar las exportaciones. Ahí no está la causa del estancamiento crónico del volumen y valor de las exportaciones. Sin un aumento notable de la producción industrial y agropecuaria no se podrá aumentar las ventas al extranjero, porque no hay productos en suficiente cantidad sostenible que vender a un comprador fijo.

Estas son mis recomendaciones de reforma estructural del BANDEX, para que el país logre tener un moderno banco de desarrollo de primer y segundo piso, que brinde nuevas facilidades de préstamos que contribuyan a aumentar la oferta exportable.

 

 Eduardo J. Tejera

 www.eduardotejera.com

1 de octubre de 2019.

 

 

 

 

 

 

EDUARDO TEJERA REFUTA INFORME SOBRE  LA DEUDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

El economista Eduardo Tejera expresó que el comunicado del Ministerio de Hacienda respecto a comparar cifras no comparables es engañoso e incorrecto. Hacienda admitió que en siete años ha colocado bonos soberanos en exterior por US$ 13,822 millones, pero es aún mayor, y lo trata de justificar con un cuadro sobre el servicio de la deuda en que señala que han pagado US$ 14,345 millones de amortización de capital e intereses. Esa comparación es falsa y no brinda la correcta visión global del aumento vertiginoso de la deuda pública. También es falso que la relación deuda total y el PIB sea de 38 %, pues en realidad es de 53 % del PIB, incluyendo la deuda del Banco Central, como hace el FMI.

Para Tejera hay que mirar dos indicadores básicos sobre el aumento de la deuda pública y su perfil. Señaló que para el 2005 la deuda pública ascendía a US$ 6,822 millones, de los cuales los bonos soberanos representaban US$ 1,149 millones.  Pero ocho años después el gobierno de Leonel Fernández aumentó la deuda total a US$ 19,463 millones o un aumento neto de US$ 1,580 millones por año. La colocación de bonos soberanos con Fernández aumentó a US$  2,466 millones, una cifra de incremento neto moderada.

Sin embargo, es durante el gobierno del presidente Danilo Medina que la deuda pública ha aumentado a nivel escandaloso y preocupante. Desde 2012 al junio del 2019 la deuda pública ha aumentado de US$ 19,463 millones a US$ 35,400 millones, incluyendo la última emisión de bonos de US$ 2,500 millones, con lo que alcanzan a US$ 17,092, a razón de US$ 2,276 millones de aumento neto por año. El país tiene una deuda muy alta en comparación con los ingresos tributarios del Presupuesto Nacional, y cada vez el elevado servicio de la deuda estrangula más a las finanzas públicas, porque están en una centrífuga, de tomar prestado para pagar intereses y parte del principal. 

De hecho el 23 % de los ingresos del Presupuesto Nacional se destinan para pagar intereses de la deuda pública y el 22 % para pagar las amortizaciones de capital, que ambos suman el 45 % de los ingresos tributarios. Por esa razón, el gobierno de Medina del PLD, necesita tomar prestado cada año más de US$ 4,400 millones bruto, una cifra enorme, para pagar el mismo servicio de la deuda anual, y para financiar el déficit fiscal de RD$ 75,000 este año, o US$ 1,495 millones. 

La real necesidad de nuevas deudas internas y externas ha sido para financiar 12 años de déficit fiscales, cubrir en más del 50 % del servicio de la deuda pública y para realizar algunas obras de infraestructura.  Tejera dijo que se podrán imaginar el monto de nuevas deudas acumuladas para financiar 12 años de déficits fiscales, el elevadísimo aumento de la empleomanía del gobierno que en siete años se duplicó y los gastos de nóminas y compras del Estado, que pasaron de RD$ 126,542 millones en el 2012 a la suma de RD$ 284,605 millones en el 2019, más del doble en nóminas en siete años.

Tejera finalizó expresando que el gran aumento de la deuda pública y su pago de principal e intereses, son un peligro para viabilidad fiscal a mediano plazo.

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

Junio 7, 2019

 

Eduardo Tejera afirma estar de acuerdo con venta de Punta Catalina pero condicionada

Tejera también cree indispensable que los contratos de venta y sus condiciones económicas deben de ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso, por ser una venta de activo estatal, y de paso le brindaría una cobertura legal, más formal y transparente.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista Eduardo Tejera dirigente del partido PRM expresó que está de acuerdo con que se venda al sector privado de prestigio internacional el 50 % de las dos plantas de 376 MW cada una, para un total de 752 MW, pero condicionado aun proceso de evaluación, tasación por flujo de caja descontado y licitación altamente institucional con dos bancos de inversión en consorcio y un Comité de Licitación mixto, compuesto de miembros destacados del sector público y privado, y observadores internacionales, que podrían ser del Banco Mundial o el BID, como se hizo con Barrick Gold. La idea es darle un carácter de una licitación de estándar internacional y todo transparente y público.

Tejera recomienda que el presidente Danilo Medina firme un Decreto Nacional con todo el procedimiento, fórmulas institucionales, forma de pagos y creación de un Comité de Licitación, mixto compuesto de Hacienda, Economía, Banco Central, el Consultor Jurídico de Palacio, CDEEE, CONEP, AIRD, Rector de INTEC y Rector o Director de la Facultad de Ingeniería de la UASD y un miembro experto independiente. La Universidad Madre y Maestra no debe participar, pues dirigió la Comisión de Estudio de los contratos de obras y de evaluaciones.

A su vez, en el Decreto se debe establecer un Comité Técnico mixto, con técnicos dominicanos independientes con su nombres, consultores de organismos internacionales, expertos de los bancos de inversión, y dos miembros independientes. Igual, que se defina por licitación los bufetes de abogados privados, nacionales e internacionales.

La operación es demasiado seria y de un monto muy elevado entre US$ 2,500 a US$ 3,000 millones, para hacerla interna entre funcionarios y controlada por el Ministerio de Hacienda. Eso no da credibilidad interna ni internacional. La necesidad de establecer todas las reglas por Decreto presidencial eleva el tema a la mayor altura, y que ahí se establezcan las reglas y toda la institucionalidad de los procesos de licitaciones, como recomiendo y creo que es lo mejor que le conviene al país.

Tejera también cree indispensable que los contratos de venta y sus condiciones económicas deben de ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso, por ser una venta de activo estatal, y de paso le brindaría una cobertura legal, más formal y transparente.

Finalmente, el economista señaló que es partidario de fusionar en una sola y vender también el 50 % de las tres Distribuidoras y pasarle de nuevo la Administración al sector privado, con un Consejo de Directores mixto, pues es indispensable para sanear el sector eléctrico y su flujo financiero, y solo se logrará erradicando la política y el clientelismo de esas instituciones, que desde 2003-04 no han mejorado nada y tienen una altísima sobre nómina y botellas.

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

Artículo publicado en: acento.com.do

Declaraciones de Eduardo Tejera sobre la Venta de las dos Plantas Eléctricas de 752 MG de Punta Catalina

El economista Eduardo Tejera dirigente del partido PRM expresó que está de acuerdo con que se venda al sector privado de prestigio internacional el 50 % de las dos plantas de 376 MW cada una, para un total de 752 MW, pero condicionado aun proceso de evaluación, tasación por flujo de caja descontado y licitación altamente institucional con dos bancos de inversión en consorcio y un Comité de Licitación mixto, compuesto de miembros destacados del sector público y privado, y observadores internacionales, que podrían ser del Banco Mundial o el BID, como se hizo con  Barrick Gold. La idea es darle un carácter de una licitación de estándar internacional y todo transparente y público.

Tejera recomienda que el presidente Danilo Medina firme un Decreto Nacional con todo el procedimiento, fórmulas institucionales, forma de pagos y creación de un Comité de Licitación, mixto compuesto de Hacienda, Economía, Banco Central, el Consultor Jurídico de Palacio, CDEEE, CONEP, AIRD, Rector de INTEC y Rector o Director de la Facultad de Ingeniería de la UASD y un miembro experto independiente. La Universidad Madre y Maestra no debe participar, pues dirigió la Comisión de Estudio de los contratos de obras y de evaluaciones.

A su vez, en el Decreto se debe establecer un Comité Técnico mixto, con técnicos dominicanos independientes con su nombres, consultores de organismos internacionales, expertos de los bancos de inversión, y dos miembros independientes. Igual, que se defina por licitación los bufetes de abogados privados, nacionales e internacionales.  

La operación es demasiado seria y de un monto muy elevado entre US$ 2,500 a US$ 3,000 millones, para hacerla interna entre funcionarios y controlada por el Ministerio de Hacienda. Eso no da credibilidad interna ni internacional. La necesidad de establecer todas las reglas por Decreto presidencial eleva el tema a la mayor altura, y que ahí se establezcan las reglas y toda la institucionalidad de los procesos de licitaciones, como recomiendo y creo que es lo mejor que le conviene al país.

Tejera también cree indispensable que los contratos de venta y sus condiciones económicas deben de ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso, por ser una venta de activo estatal, y de paso le brindaría una cobertura legal, más formal y transparente.

Finalmente, el economista señaló que es partidario de fusionar en una sola y vender también el 50 % de las tres Distribuidoras y pasarle de nuevo la Administración al sector privado, con un Consejo de Directores mixto, pues es indispensable para sanear el sector eléctrico y su flujo financiero, y solo se logrará erradicando la política y el clientelismo de esas instituciones, que desde 2003-04 no han mejorado nada y tienen una altísima sobre nómina y botellas.

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

17 de enero de 2019