CREACIÓN DEL PRIMER EMPLEO Y BECAS PARA LA JUVENTUD

Uno de los problemas más serios para la juventud, que se prepara a nivel técnico o profesional, es salir al mercado laboral y poder acceder al primer empleo. Sin experiencia o trayectoria de un trabajo formal, esta limitante se convierte en un duro círculo vicioso. Les impide encontrar trabajo. Si es una juventud sin preparación especial o adistramiento técnico, el problema del primer empleo es casi insuperable y se transforma en una fuente de desempleo, pobreza ydecepción. 

 

El mismo obstáculo de trabajo lo encuentra cuando decide emprender una micro o pequeña empresa, sea comercial, industrial, o de servicios. Generalmente, no se cuenta con los recursos económicos para iniciarla y al salir al mercado bancario a procurar financiamiento para su proyecto, tampoco tiene con que garantizar ese préstamo. Por lo tanto no califica para lograr un emprendurismo por cuenta propia.

 

Las opciones que les quedan son todas frustratorias: intentar engancharse al sector público, ya sea con una “ayuda” o una “botella”, en las filas del clientelismo político, caer a la delincuencia o intentar emigrar del país. En la generalidad, estos jóvenes pasan a la gran masa de desempleados o se convierten en personas sin futuro, empleo o viabilidad personal o familiar. 

 

Por lo antes dicho, considero que debemos buscar soluciones satisfactorias a un problema que afecta la mayoría de la juventud dominicana, planteando políticas conjuntas entre el sector público y el privado que aseguren que la juventud encuentre un primer trabajo en su país y pueda desarrollar su propio futuro. 

 

A título de resumen, propongo desarrollar algunas medidas desde el Gobierno, para que en colaboración con la empresa privada, puedan disminuir, de manera satisfactoria el desempleo de la juventud. Estas medidas se dividen en tres partes:

 

a) Facilitación del primer empleo
b) Apoyo al emprendurismo
c) Profesionalización y desarrollo

 

 

I. Incentivo para el Primer Empleo en el Sector Privado:

 

Para aumentar la oferta de empleos formales y disminuir el exceso de la nómina pública, el Gobierno debe estimular a la empresa privada a captar esa juventud que salen de los centros de estudios con preparación técnica o profesional, pero sin experiencia laboral. Para implementar este estímulo, planteamos lo siguiente:

 

1. Se crearía el concepto para los fines tributarios y laborales del empleo con Contrato Temporal desde uno hasta tres años. Se definiría como joven a una persona entre 18 a 30 años, de ambos sexos.

 

2. Los nuevos empleados mediante el sistema de Contrato Temporal por un año, renovable hasta tres años, no estarían cubiertos por las normas del Código de Trabajo, en temas como el pago de la cesantía, las prestaciones sociales, o cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social. Esto facilitaría la contratación con costos más bajos para las empresas. Se necesitaríancambios y adaptación en el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Normas de la DGII.

 

3. El seguro médico sería obligatorio en la prestadora de servicios médicos del Estado (SENASA) y sería cubierto de la siguiente manera: 50% por el Estado, 25% por la empresa y 25% por el empleado. Estas condiciones aplicarían mientras la empresa mantenga el Contrato Temporal al empleado joven. Los Contratos temporales se registrarían en el Ministerio de Trabajo. Dicho Ministerio otorgaría la acreditación para poder obtener el subsidio del Gobierno. Esta idea habría que elaborarla más, en sus aspectos legales, operativos y financieros.

 

4. En adición, el Gobierno crearía el concepto impositivo de: Crédito Tributario al Empleo (CTE),vía Normas especiales de la DGII. A cada empresa que contrate una persona joven, se le otorgaría un CTE por el 50 % del gasto salarial incluyendo el salario trece y el seguro médico por el primer año por cada empleado bajo el sistema de Contrato Temporal. Este porcentaje podría disminuir a un 25% durante el segundo y tercer año. Este CTE sería deducible de la renta imponible. 

 

Ejemplo: Si el sueldo de una persona bajo el Contrato Temporal asciende a RD$20,000 mensuales, que representa un sueldo anual de RD$ 260,000.00, incluyendo el 13, entonces la DGII emitiría un Crédito Tributario al Empleo (CTE) por valor de RD$130,000.00 a favor de la empresa, el cual seríaaplicable a la renta imponible del Impuesto Sobre la Renta. Este CTE se otorgaría por todos los nuevos empleados jóvenes que una empresa emplee bajo Contrato Temporal.

 

Los contratos laborales se registrarían en el Ministerio del Trabajo, para su control y administración. Se pueden estudiar otras formas de incentivos tributarios o créditos fiscales para que las empresas contraten más jóvenes mediante el sistema señalado de Contrato Temporal o a través de las contrataciones normales. Pero este es un plan viable con incentivos focalizados para crear el empleo juvenil.

 

II. Apoyo al Emprendurismo de la Juventud:

 

1. Como complemento, se podría implementar varios programas concretos para estimular y facilitar que los jóvenes puedan instalar una micro, pequeña o mediana empresa, tanto industrial, agrícola, comercial o de servicios. Las facilidades deben incluir apoyo técnico para la formulación de los proyectos que se presenten; apoyo financiero para poder instalarse con créditos blandos sus proyectos; apoyo tributario y apoyo gerencial para asegurarse, tanto para el sano desarrollo de los proyectos, como del repago de los financiamientos obtenidos, de modo que se logrenempresas exitosas y no una carga para los contribuyentes.

 

2. Un nuevo Fondo Promipymes para la Juventud, creado y administrado por la Vicesecretaría Mipymes en el MICM, que podría estar dotado de recursos del Gobierno, de donaciones nacionales e internacionales, financiamientos de los organismos internacionales y de aportes o líneas de crédito de la banca nacional y las grandes empresas participantes. Podría iniciar con RD$ 500 millones aportados por el Gobierno y demás fuentes en asignaciones mensuales de RD$ 50 millones.

 

3. El Fondo de Garantía, creado por el Gobierno en el MICM, para estas empresas. Promipyme, que administra el Ministerio de Industria y Comercio, abriría una ventanilla especializada para otorgar las garantías, después de un análisis técnico-financiero del proyecto. El programa de garantías podría brindar avales desde un 40 % al 80 %, según el proyecto y los promotores. Para estos fines el Promipyme sería el organismo que se ocuparía de brindar el apoyo técnico-financiero para la evaluación y aprobación de los créditos y garantías extras.

 

4. El Gobierno otorgaría exención del Impuesto Sobre la Renta, por cinco años,  a las micros y medianas empresas financiadas por la ventanilla de créditos para los proyectos de la juventud del Promipyne. También se le otorgaría la exención de los impuestos para formar una compañía organizada como SRL o SAS.

 

5.- El Gobierno crearía una unidad de supervisión gerencial, dentro del Programa del Primer Empleo parala Juventud, en el MICM con la finalidad de darle seguimiento y supervisión financiera a estas empresas, velando por que se mantengan operando de forma eficiente y puedan convertirse en entes productivos y de creación de empleos.

 

III. Profesionalización y Plan de Becas. 

 

Como parte de este plan para el empleo y mejoramiento de la juventud, proponemos implementar un programa de becas para estudios especializados, diplomados y/o carreras técnicas, para aquellos emprendedores que recibieron un crédito de Promipyme. Las becas podrían cubrir el 50 % o hasta 100 % de los estudios, siempre que estén relacionados con la actividad o sector objeto del crédito, en estudios de contabilidad, finanzas, mercadeo, administración de empresas o carreras técnicas en un diplomado de máximo dos años. 

 

Estas becas tendrían que estar vinculadas a los negocios que emprendan, y su objetivo es mejorar su calidad técnica y empresarial. No compite con los programas de becas de los Ministerios de Educación y de Educación alta.

 

IV. Resumen:

 

Estas son algunas ideas de medidas concretas que deben implementarse para crear el primer empleo para la juventud y para que algunos se puedan insertar como micro o mediano emprendedores con sus empresas productivas o de servicios. Los programas del primer empleo son fundamentales en esta época, debido a la falta de oportunidades de trabajos para los recién graduados. 

 

Naturalmene, se pueden estudiar otras ideas y políticas para madurar más el programa e incluir más facilidades e incentivos. Pero este es un primer esbozo.

 

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

28 de noviembre de 2019

 

 

 

DECLARACIONES DEL DIRIGENTE DEL PRM EDUARDO TEJERA EN CONTRA  DE LA VENTA DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE PUNTA CATALINA

El economista Eduardo Tejera dirigente del partido PRM expresó que sería muy delicado e ilegal vender en el medio de un proceso electoral las dos plantas eléctricas a carbón de Punta Catalina, por un valor estimado entre US$ 2,500 a US$ 3,000 millones, y sobre la base de un capital pagado de US$ 630 millones, a un 50 % público y 50 % privado, aparentemente y que todos los pasivos sean absorbidos por el Estado dominicano. 

 

Tejera expresó que esta fórmula de venta administrativa es un escándalo y una hipoteca para el país, y un gran negocio para los inversionistas relacionados con el gobierno, que con alrededor de US$ 300 millones o menos, se quedarían con las dos plantas eléctricas y su administración. Sin una real licitación pública internacional y sobre la base de un mandato marco-legal del Congreso Nacional, todo el proceso sería viciado y nulo frente a inversionistas nacionales e internacionales serios. 

 

Tejera señaló que esta sería una licitación administrativa interna ilegal y que no contará con una ley base aprobada por el Congreso. Dijo que es un procedimiento anormal llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda y la propia CDEEE y las tres Distribuidoras, de manera nada legal.Tejera pidió que el futuro de las plantas de Punta Catalina sea decidido por el próximo Gobierno, y nunca por este gobierno a cinco meses de elecciones.

 

El dirigente del PRM señaló que hay una total falta de transparencia en el proceso administrativo interno, pues no se conocen los informes de tasación, la relación de deudas, las partidas de intereses acumulados, los activos involucrados y su valoración, ni existen Estados Financieros auditados externamente. Todo el proceso es nebuloso, sin ninguna transparencia y datos oficiales públicos, y la poca información que el gobierno ha brindado, son de esporádicas notas de prensa y declaraciones de funcionarios parciales, pero nada formal, legal ni transparente. 

 

 

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

26 de noviembre de 2019

 

Política de Financiamiento de la Vivienda

Para el gobierno y el sector privado lograr promover, construir y vender proyectos de viviendas en residenciales o de apartamentos, será necesario que se formule una clara política de incentivos y construcción de la vivienda, tanto para la clase media baja, como para la clase trabajadora de bajos ingresos. La política debería ser segregada; una, para la construccción de viviendas sociales por parte del gobierno, y otra, para viviendas de bajos costos por el sector privado, y financiado por el sistema bancario y las asociaciones de ahorros y préstamos. Las políticas deben ser dual: para el gobierno y la del sector privado.

 

Políticas de Fomento de Viviendas Públicas.

 

El Gobierno Central y sus agencias especializadas tienen la obligación de promover y construir como mínimo de 10,000 unidades anuales de apartamentos sociales de muy bajos costos, para las personas pobres o de muy bajos ingresosmensuales, que no tendrían acceso al crédito bancario. Esta es la labor del Estado. Podrían ser unidades de 50 metros cuadros, a un costo de RD$12,000 el M2, con un costo por unidad de RD$600,000.00 (US$11,538.00). El gobierno aportaría la infraestructura, planta de tratamiento, el terrenoy electricidad. El costo anual de 10,000 unidades, serían alrededor de RD$ 6,000 millones al año.

 

Estos proyectos se deben construir en todo el país, y pudieran ser ejecutados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), el Ministerio de Obras Públicas u otro organismo especializado. Sería un esfuerzo como parte del combate a la pobreza y brindar soluciones habitacionales a los más pobres. El Gobierno Central aportaría los recursos financieros necesarios, dentro del Presupuesto Nacional anual. Una idea para financiar el costo anual podría ser dedicar del impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), del 1 %, se especialice un 0.25%, y se asigne ese ¼ del 1%, a un Fondo de la Vivienda Social (FOP), administrado por elMinisterio de Hacienda. Esta fórmula tendría el compromiso social de los más pudientes.

 

En adición, el Gobierno debe diseñar programas de soluciones habitacionales para mejorar las viviendas precarias ya existentes, en la forma de donar el techo de zinc, pintura, piso de cemento, ventanas y puertas, además de utilizar nuevas tecnologías y materiales más baratos de calidad y reciclados. Sería un plan focalizado que muy bien puede ejecutarlo el INVI, como parte del gasto social del Gobierno Central. 

 

Políticas de Viviendas Construidas por el Sector Privado.

 

Es necesario que el Gobierno implemente una política coherente y especial para promover la construcción de casas y apartamentos para la clase media baja de precios de RD$ 2.6 a RD$ 6 millones y viviendas de bajo costo de RD$ 1.5 a RD$ 2.5 millones para los trabajadores y micro empresarios informales. Estos dos nichos del mercado deben ser atendidos por los promotores privados, ya que los potenciales compradores de unidades, con una buena política de bancarización, trendrían acceso al crédito hipotecario de largo plazo. La experiencia ha sido buena en los últimos años con el apoyo de la figura del fideicomiso, pero podría mejorar mucho para construir más unidades habitacionales al año.

 

Proponemos que se cree un Fondo de Financiamiento de la Vivienda (FOP), adecuado a las realidades de la demanda y del poder adquisitivo del comprador. No basta con los planes de inversiones individuales de varias empresas promotoras ni programas crediticios del sector bancario y de las asociaciones de ahorros y préstamos. Se requiere de complemento una política de Estado de desarrollo de lavivienda, con facilidades del brazo crediticio focalizado y constante, y no solo del apoyo a proyectos específicos a través del Banco del Reservas, sino con una oferta a un amplio abanico de proyectos en distintos puntos del país.

 

Sugerimos que el Fondo de Financiamiento de la Vivienda se incorpore como un Fideicomiso de Oferta Pública (FOP), de una Sociedad de Administración de Fondos de Inversiones (SAFI), estatal o mixta, administrado por el Gestor Fiduciario que estructure el FOP. Por ejemplo, se crea el FOP con inversiones por hasta RD$10,000 millones, donde a través de emisiones de capital y deuda se capte recursos del mercado, vía los Puestos de Bolsa. 

 

Se necesita tener como los demás países latinoamericanos, estos Fondos Especiales, para brindar préstamos interinos para la construcción más realistas sin ataduras y limitaciones por las normas prudenciales, subsidios al comprador con bonos-iniciales para los más pobres y facilidades al constructor, para abaratar las unidades y, sobre todo, hacer más accesible la compra de viviendas al consumidor vía créditos con bajos intereses, mayor cobertura del crédito hipotecario hasta el 90% del valor de la propiedad y a 20 y25 años de plazos.

 

Para apoyar y cubrir parte del riesgo de los bancos y asociaciones del crédito hipotecario y ampliar el número los compradores de viviendas de bajo costos, se debería crear un Fondo de Garantía de Préstamos Hipotecarios, del Estado o mixto, que sirva como un seguro del 50% de las hipotecas, para aumentar el número de préstamos de los clientes compradores de bajos recursos. Esta concesión de un aval por el 50% de los créditos actuaría como un poderosoincentivo para que la banca aumente la cartera hipotecaria para la vivienda. 

 

La Ley 189-11 de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso ha tenido un buen éxito. Creó un sistema novedoso y también creó la conciencia de la necesidad de construir más viviendas de bajos costo para la clase media baja, micro empresarios informales y los trabajadores. Estaes una herramienta muy buena y realista, que se complementa en parte con el uso de la política monetaria y crediticia de tasas de interés diferenciadas y liberación del encaje legal. 

 

El Banco Central debería implementar de forma permanente la política de liberar el 1 % del encaje legal, para que las intermediarias puedan dedicar esos recursos a lacapitalización del FOP. Con esos recursos se constituye, una especie de capital semilla. Este objetivo se puede lograr mediante un acuerdo del Banco Central con los actores del sistema financiero y del mercado de valores, todo bajo un fideicomiso FOP.

 

Para que se mantenga un ritmo acelerado de construcción de viviendas de clase media baja y de bajos costo, es necesario que el Fondo de Financiamiento de la Vivienda, tenga y opere con varias ventanillas de créditos de iniciales y largo plazo, según necesidades del comprador de la vivienda y del constructor de urbanizaciones y proyectos de viviendas, dependiendo del mercado comprador, su nivel de ingresos y su capacidad de pago de la cuota mensual. 

 

El dilema que existe en el país para vender más viviendas que sí tienen demanda-mercado, como demostró el Estudio de Viviendas de ACOPROVI, es la falta de buenos planes flexibles de créditos hipotecarios del sistema financiero nacional. Lo esencial, de la decisión de un comprador es obtener una tasa de interés reducida y tener plazos de amortización de 20 y 25 años, con cuotas mensaules bajas para el comprador. Lo otro necesario es lograr flexibilizar aún más las normas prudenciales que resultan muy estrictas y limitativas por la falta de bancarización de un mercado laboral muy informal. El crédito a largo plazo, a bajo interés y cuotas realistas-viables, es la clave del éxito de la promoción de viviendas.

 

El objetivo de captación/inversiones es indispensable, porque existe mucho dinero ocioso, en busca de oportunidades serias, con buenas garantías y reconocida administración. Igual, se pueden titularizar préstamos hipotecarios, y revenderlos a los bancos, FOP y AFP´s, para crear mecanismos de captación revolventes. Las garantías en primer rango de créditos titularizadas son las más seguras como instrumento de intermediación a largo plazo.

 

Para agilizar toda la construcción de viviendas, hay que acabar de crear una real y fuerte Ventanilla Única en el Ministerio de Obras Públicas, crear un departamento especial en la Jurisdicción de Tierras y el Registrador, pues el proceso de deslinde de títulos y sus divisiones tarda más de 10 meses. Habría que revisar distintos impuestos municipales y cargas, que se convierten en gravámenes a la construcción disfrazados, que en el fondo solo encarecen las viviendas. Los paga el consumidor-comprador. Hay que modernizar muchas instituciones que hoy no están en armonía con una agresiva política habitacional.

Finalmente, esperamos que estas iniciativas de implementar una política coherente para la construcción de viviendas públicas y para el sector privado, y la propuesta de crear un Fondo de Financiamiento de la Vivienda (FOP), seanestudiadas y consideradas por el Gobierno, los promotores constructores, el Banco Central, SIV y las entidades bancarias y financieras. Para poder construir y vender más de 25,000 viviendas al año se necesitan políticas públicas muy definidas para promover, financiar, construir y vender la nueva oferta habitacional tan necesaria para el país. Este es el cambio necesario en la política de viviendas.

 Eduardo J. Tejera Curbelo

http://www.eduardotejera.com

14 de noviembre de 2019

Continuidad del Presupuesto Nacional del 2020

El proyecto de Presupuesto Nacional del 2020 presentado al Senado estará afectado por la caída de los ingresos por más de RD $ 20,000 millones para el 2019, la disminución del crecimiento esperado del PIB a 4 %, los efectos negativos sobre los ingresos de turismo y por las preocupaciones de un ambiente político muy recargado y tenso, como ocurrirádurante la campaña para las elecciones generales de mayo de 2020. Entraremos el año con un panorama de incertidumbresinternas y externas muy agitado, que de seguro disparará el gasto público en la campaña política y aumentará el déficit por un gran exceso de gastos.

El anteproyecto de Presupuesto Nacional del 2020 asciende a RD$ 997,119 millones, que incluye las fuentes de financiamiento y las amortizaciones. El aumento neto del presupuesto es de RD$ 75,309 millones, sobre el monto de 2019, que representa un aumento de 9 %. Es un incremento preocupante, pues mantiene el déficit y el alto endeudamiento para financiarlo. No se evidencia sentido de racionalidad o o reforma fiscal integral. No hay cambio de modelo o políticas públicas. 

El presupuesto se basa en un total de ingresos ordinarios de RD$ 750,823 millones y gastos totales de RD$ 861,074millones, que representa un déficit de RD$ 110,251 millones o US$ 2,120 millones, o el 2.2 % del PIB, que hay que financiar nuevamente con deuda interna y externa. El gobierno había proyectado el déficit del 2019 en 1.7 % del PIB y terminará el año en 2.3 % o más de RD$ 100,000 millones. Para el 2020 el déficit se proyecta a 2.2 %. Un retroceso fiscal, por no hacer una necesaria reforma fiscal. 

El financiamiento total bruto autorizado a contratar es de RD$ 246,296 millones o US$ 4,748.6 millones, una cifra impresionante y peligrosa en esta época de incertidumbres, para cubrir el déficit y las amortizaciones. Esta bola de nieve de financiamientos, crece como un círculo vicioso. Deudas, para pagar deudas. Para financiar el déficit fiscal proyectadode RD$ 110,251 millones y amortizar la deuda pública, el presupuesto contempla un nuevo endeudamiento interno de RD$ 86,312 millones o US$ 1,660 millones y de fuentes externas RD$ 159,983 millones o US$ 3,076, principalmente de bonos soberanos. 

Al examinar los ingresos y gastos del presupuesto saltan algunas interrogantes y dudas. Por ejemplo, el total deingresos proyectados de RD$ 750,823 millones, representa un aumento de RD$ 79,705 millones, un 11.9 % sobre el de 2019. Este aumento parece muy optimista con supuestos débiles. Pero el total de gastos es de RD$ 861,074 millones, un aumento de RD$ 95,619 millones, con un aumento de 12.5 %,  de los cuales RD$ 732,274 millones son para gastos corrientes y RD$ 137,800 millones de gastos de capital. Sin embargo, como los ingresos son más bajos que los egresos, en vez de ahorrar para reducir el déficit, decidieron aumentar el gasto en RD$ 95,619 millones. El total de gastos representa el 17.5 % del PIB.

Los supuestos básicos del presupuesto son; un crecimiento de 5 % del PIB, inflación de 4 %, petróleo WTI a US$ 59.1/barril, y depreciación de la tasa de cambio a RD$ 53.56por un dólar. Se mantiene la estabilidad macroeconómica a corto plazo, sobre la base del endeudamiento masivo. No se proyecta una reforma fiscal ni saneamiento del estado hipertrofiado de gastos superfluos y sobre nóminas, como ha insistido el FMI y la sociedad dominicana. La reforma fiscal integral quizás será tarea del próximo gobierno.

Deuda y su Servicio.

Para pagar los intereses de la deuda se asignaron RD$ 149,993 millones, o US$ 2,884 millones o el 23 % de los ingresos tributarios. Una cifra que hipoteca al presupuesto, pues de cada peso de impuestos, 23 centavos se destinan a pagar los intereses de la deuda. Si se suma el monto parapagar amortizaciones de la deuda de RD$ 86,908 millones, o US$ 1,671 millones, el total del servicio de la deuda, intereses y principal, ascenderá a 45 % de los ingresos tributarios. Un cifra apabullante y peligrosa a mediano plazo.Es un alto riesgo, que el gobierno no desea aceptar o comprender. 

Para que se pueda comparar la evolución del pago de los intereses de la deuda, veamos estas cifras de tres años diferentes. En el 2004 se pagaron solo RD$ 15,300 millones por intereses, en el 2012 se disparó a RD$ 55,869 millones y al 2020 llegará a la alta cifra de RD$ 149,993 millones. Del 2012 al 2020, el aumento del pago de intereses de la deuda ha sido astronómico, y la tendencia seguirá en aumento cada año, hasta que venga una crisis o se cambie el modelo económico dependiente del endeudamiento.

Con la emisión de bonos soberanos ejecutados en el 2019 de US$ 2,250 millones, el total de bonos emitidos alcanzó US$ 16,568 millones a agosto de 2019. Para el año 2020 se contemplan nuevas emisiones de bonos soberanos de US$ 2,000 millones. Estos bonos son peligrosos porque se sabe que no se podrán pagar, solo con reenganches y nuevas emisiones. Una centrífuga financiera de Estado. 

Respecto a la deuda pública total del gobierno, al 19 de agosto de 2019 ascendía a US$ 34,400 millones. Si se  suman la deuda del Banco Central por emisión de Certificados de RD$ 606,445 millones (US$ 11,662 millones) a septiembre de 2019, lo que brinda un gran total de US$ 46,062 millones de deuda nacional consolidada o el 53 % del PIB. Como se puede apreciar, con el agresivoendeudamiento público se han financiado los déficit fiscalesde doce años, el rápido crecimiento del PIB y se ha anclado la tasa de cambio.

Gastos por Programas.

Para el 2020 se establece un gasto en remuneraciones de RD$ 208,858 millones con un aumento neto de RD$ 22,541 millones y gastos de bienes y servicios de RD$ 105,660 millones, cifras que reflejan el drástico aumento del clientelismo y botellas. La nómina pública total pasó de 391,684 empleados en 2012 y casi al doble, a 634,407 empleados a junio de 2019. En el 2012, las remuneraciones al personal eran de RD$ 86,772 millones y los gastos en bienes y servicios RD$ 94,328 millones. Por eso, solo lasnóminas han aumentado en RD$ 122,028 millones en seisaños o, en RD$ 20,338 millones por año. Un claro Estado clientelar, con gran aumento en empleomanía y en gastos por remuneraciones.

Al examinar las partidas de gastos por ministerios, programas y proyectos, se evidencia un sentido de despilfarro, de gastos duplicados, de creaciones de nuevos organismos por cada nuevo proyecto, cuyos gastos no se desglosan ni se detallan y constituyen un desbordamiento de gastos y cada vez menos inversiones públicas en obras.

La asignación de la Presidencia es de RD$ 69,179 millones. Si se desglosan: RD$ 21,889 millones para el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que se ha convertido en un súper ministerio y en otro constructor; para el Gabinete Social RD$ 29,184 millones que dirige la Vicepresidencia, que es una suma muy alta, que se gastarán en planes “sociales” reales y otros cargados de clientelismo. Existe una gran falta de trasparencia y de auditorias de estos programas sociales. Finalmente está OISOE con RD$ 8,679 millones (otro Obras Públicas), y Ministerio de la Presidencia con RD$ 7,535 millones. En fin, dependencias con enormes gastos que no debe incurrir la Presidencia, sino los ministerios especializados.

A modo de simples ejemplos de grandes proyectos para el 2020 de los cuales no se conocen diseños, planos ni presupuestos detallados, podríamos citar: Sistema de Emergencia 911, la suma de RD$ 2,144 millones, ampliación del Metro RD$ 2,561 millones, al interminable proyecto de Presa Monte Grande RD$ 5,829 millones, RD$ 2,400 millones para la urbanización de Barrio Domingo Savio, que en el 2019 también se le asignó esa misma suma, para el Teleférico RD$ 4,000 millones (no prioritario) y solamente RD$ 500 millones para las Promipyme. Hay cientos de proyectos que no sus conocen sus detalles.

El total asignado al Ministerio de Obras Públicas es de RD$ 43,235 millones, más los fondos de fuentes externas RD$ 12,376 millones. La cantidad apropiada para inversiones públicas en obras en proceso y viviendas y edificaciones es solo de RD$ 66,340 millones, o el 1.3 % del PIB. La meta debe ser 4 % del PIB en inversiones en obras, que impulsen el empleo, enlaces económicos y el multiplicador. Los recursos en inversiones crean más riquezas,encadenamientos y empleos, que los gastos corrientes y nóminas. 

Existen grandes partidas genéricas para proyectos no muy definidos. Por ejemplo, la Circunvalación de Santo Domingo RD$ 3,500 millones, Asistencia, Mantenimiento y Seguridad Vial RD$ 3,626 millones, Desarrollo de Infraestructura de Carreteras RD$ 3,625 millones sin detalles o explicaciones, Desarrollo de la Infraestructura Física de de Hospitales RD$ 13,367 millones, que difícilmente se ejecuten todos en un año. El Plan de Humanización del Sistema Penitenciario RD$ 4,200 millones, que tampoco se ejecutará, y así sucesivamente. Estas obras no tienen auditorias ni informes financieros públicos

Numerosos de estos proyectos ya tenían asignaciones en el Presupuesto Nacional de 2019, y ahora nuevamente se repiten las mismas apropiaciones para este año. 

Observaciones y Recomendaciones.

1. Se observa que no se contempla en el presupuesto ninguna economía ni ahorros en los programas y asignaciones, para reducir el déficit fiscal, por lo menos en un 40 %. Hay un exceso de gastos corrientes y duplicaciones, y bajas inversiones. Es decir, no hay voluntad de eliminar el déficit, y de cambiar de modelo económico de dependencia de la deuda.

3. No creo viable que el déficit fiscal proyectado para el 2020 sea de RD$ 110,251 millones, o el 2.2 % del PIB.Estimo que con un año electoral el déficit aumentará a más de 2.5 % del PIB, o RD$ 125-150,000 millones. 

4. Se hubiera podido disminuir el déficit cerca de RD$ 45,000 millones, para bajarlo a la mitad. También distribuir los montos de inversiones de proyectos de obras en dos o tres años, para aplicarle más realismo, y prudencia. Creo que todos los fondos asignados para gastos e inversiones no se podrán desembolsar en un solo año y debieron prorratearse.

5. Es irresponsable después de trece años de déficit fiscales continuos, planear para el 2020 otro notable aumento del gasto de RD$ 95,619 millones, un aumento neto de 12.5 %

6. El incremento del gasto en remuneraciones a RD$ 208,858 millones, significa un aumento de RD$ 22,400millones. El gasto en bienes y servicios, subió a RD$ 105,660 millones. En estas dos partidas hay un aumento de RD$ 31,751 millones. Un tercio del déficit. Las partidas debieron mantenerse congeladas

7. En el proyecto de ley, se presentan presupuestos plurianuales estimados de 2020 al 2023. Se mantiene el mismo modelo de déficits y endeudamientos cada año. Los déficits proyectados son RD$ 108,719 millones, el 2.0% del PIB, para el 2021; RD$ 82,887 millones, el 1.4 % del PIB para el 2022; y se reduce por primera vez por debajo del déficit del 2018, en el 2023, a un nivel de RD$ 55,751 millones, o el 0.9 % del PIB, lo que es un desmonte demasiado lento, insuficiente y muy poco realista. Se necesita un ajuste mayor por el gasto, una reforma fiscal integral y una reforma institucional del Estado.

8. Para mantener esta política deficitaria de 4 años y la estabilidad macroeconómica y de tasa de cambio, el Gobierno Central y el Banco Central juntos tendrán que endeudarse entre bonos y certificados cerca de US$ 3,200 millones netos anuales.

9. No hay ninguna consolidación fiscal, ni racionalidad del gasto público. El asunto es bien serio, pues el país se juega su estabilidad y viabilidad fiscal y de deuda pública. Es un gran tema de debate que merece mucho mayor análisis e investigación en el país. 

 

Para lograr un cambio de modelo económico, se requiere un cambio político, pues cualquier gobierno del PLD, no haría ninguna profunda reforma. Están hipotecados y auto complacidos. Solo Luis Abinader y un nuevo equipo con el PRM podría cambiar el modelo económico de la nación.

 

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

6 de octubre de 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS REFORMAS DEL BANDEX                                        

El antiguo Banco Nacional de la Vivienda, sufrió una transformación de nombre y funciones para llamarse Banco de Fomento de la Vivienda y la Producción, que fue un fracaso operativo y financiero. Después, se realizó un segundo cambio el 17 de julio de 2015, para se transformado por la ley 126-15 en el actual Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), que igualmente no ha logrado despegar como una institución de fomento de la producción y de financiamiento de las exportaciones. Desde su fundación solo ha podido ser saneada y depurada financieramente, de las enormes pérdidas acumuladas que heredó de más de RD$ 5,500 millones. Su Estado Financiero auditado a diciembre del 2018, muestra la postración financiera de esta institución que no ha podido despegar como un robusto banco de desarrollo.

Descripción del Bandex.

El BANDEX de acuerdo a su ley orgánica, podrá otorgar créditos de mediano y largo plazo al productor y a las exportaciones, líneas de créditos, descuentos de facturas, letras e instrumentos, avalar operaciones, y brindar créditos de pre y post embarque. Esto es una filosofía de banca de desarrollo. No obstante, creo que para aumentar las exportaciones, hay primero que incrementar notablemente la producción interna. La oferta exportable es muy baja y no es sostenible, por falta de suficiente producción. En sus operaciones pasivas, podrá captar fondos, recibir depósitos en pesos o moneda extranjera, emitir letras y bonos garantizados por el Estado, y contratar préstamos de la banca y organismos nacionales e internacionales.  

En su Art.1, se señala que el banco es una “entidad de intermediación financiera pública de fomento, de carácter accionario y capital mixto” y que sus operaciones “contarán con las garantías subsidiarias e ilimitadas del Estado”. Es decir, por el momento es otra institución del Estado que recibirá un aporte inicial de RD$ 1,000 millones de Presupuesto Nacional y al año siguiente otra suma igual y podrá recibir depósitos y emitir letras y bonos. Es decir, el gobierno con un presupuesto deficitario, es quien se propone capitalizar el banco, lo que es poco realista y no sucederá.

No queda muy claro en qué forma podrá invertir el sector privado, a sabiendas que es una banco del Estado con mayoría permanente y administrada por funcionarios públicos. Recomiendo que el concepto de la composición del capital y la administración sean modificados para poder ampliar su base de capital y equilibrar la gestión, para crear más confianza y tener una visión financiera moderna sin ataduras. Convertirlo en un banco mixto de primer y segundo piso, con mayoría de capital privado, que es quien puede reflotar el banco, para que cumpla con sus funciones.

Ahora la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas está representada por cinco Ministros, el de Hacienda, Industria y Comercio de Agricultura, de Economía, Planificación y Desarrollo y el Director del CEI-RD. El Ministro de Hacienda es siempre el presidente de la Asamblea, algo negativo porque no inspira confianza.

Sin embargo, el Consejo de Administración estará compuesto por siete miembros, de los cuales cuatro son los mismos Ministros y el Director de CEI-RD, todos ex-oficio. En adición serán designados por el Poder Ejecutivo tres miembros, por un período de dos años, “quienes serán profesionales del sector privado, ligados a los sectores productivos –con vocación exportadora” El presidente del Consejo es el Ministro de Hacienda. Esto ratifica su carácter de banca estatal, y esos tres delegados privados no tendrán ningún poder de decisión. Solo algo simbólico.

Para capitalizarlo, existe una gran limitación. Los inversionistas privados, sean empresas o personas deberán ser propuestos por la Asamblea “en base a una participación no menor del quince por ciento (15%) del capital pagado”. Esto es muy negativo. Propicia inversiones de grupos grandes y no la democratización del capital. Se debería permitir vender acciones vía los Puestos de Bolsa a la ciudadanía. Pero no es atractivo para el capital privado invertir en un capital del BANDEX estatal.

El Gerente General será designado por el presidente de la República. Ratifica, pues, el control político del banco y el manejo por funcionarios. Una seria limitante. Mantener otro banco en manos de Estado no es práctico ni beneficioso, si existe el deseo de captar recursos del público, buscar accionistas privados y crear un sólido banco de fomento de la producción y las exportaciones.

El Art. 8 de la ley, establece que en los aumentos de capital suscrito y pagado que fueren necesarios, el Estado dominicano, mantendrá una participación accionarial mayor al cincuenta por ciento (50%). En el mismo artículo, párrafo III, queda autorizado el BANDEX y el Ministerio de Hacienda a emitir hasta RD$ 5,000 millones en bonos a colocar en cinco años con fines de aumentar el patrimonio. Estos bonos gozarán de la garantía ilimitada del Estado. Se establece que todo futuro dividendo del Estado serán reinvertidos para aumentar el capital, hasta llegar a RD$ 15,000 millones. La filosofía accionarial por tanto es muy confusa y para nada propicia la inversión privada de instituciones financieras o individuales.

Respecto a la administración, la ley orgánica de BANDEX requiere de profundos cambios, para rediseñar este banco. El Gerente General debe ser un profesional de larga experiencia bancaria, apolítico y escogido por su propio Consejo de Directores, no por el presidente del país. El banco debe operar como un banco mixto de fomento y financiamiento de la producción y de las exportaciones bajo la modalidad financiera e independencia privada. Los socios mayoritarios deben ser entidades financieras, bancos, compañías de seguros, fondos de inversiones y AFP´s e inversionistas individuales. Su capital mixto inicial debe ser de mínimo RD$ 20,000.00 millones.  

Sobre el Capital, Activos y Pasivos.

El Estado Financiero auditado, al 31 de diciembre de 2018, publicado en la página portal, demuestra el colapso económico del banco. En resumen, el total de activos de RD$ 8,182 millones, está compuesto de RD$ 4,290 millones en inversiones en cartera (52%), la suma de RD$ 3,251 millones en cuentas por cobrar (40%), la cartera de préstamos solo es de RD$ 306 millones (4%), y provisiones de RD$ 159 millones. Es decir, solo el 4 % de los activos están destinados a préstamos, lo que incongruente.

Los pasivos son muy preocupantes y no tienen sentido financiero, y demuestran el estancamiento del banco. El total de pasivos y patrimonio asciende a RD$ 8,182 millones, de los cuales, el 55 % son emisiones de valores del banco. Parece que el banco no tiene captación ningún banco, empresas o inversionistas privados.

El total de pasivos alcanzó a RD$ 4,418 millones, de los cuales la cantidad de RD$ 4,196 millones son deudas de emisión de valores del banco y tiene un patrimonio neto compuesto de bonos del Estado y beneficios contables de RD$ 3,764 millones. Para 2018 el resultado operacional fue negativo de RD$ 259.3 millones.

El banco en estos tres años fue bastante saneado contablemente, pero no tiene capital líquido para créditos. La labor de sanear el viejo Estado Financiero, mediante ajustes contables y aportes del Estado, era muy necesaria, pero la entidad requiere de una profunda reingeniería para de relanzarlo, como un sólido banco de fomento.

Recomendaciones.

Finalmente, considero muy necesario que el BANDEX sea transformado, mediante una amplia modificación de su ley, en un banco de desarrollo y financiamiento de las exportaciones de capital mixto, de primer y segundo piso, con la Dirección y Consejo en manos de sus inversionistas privados y que el sector público sea minoritario y sirva de impulsador de proyectos de producción industrial y agrícola de exportación.

Esta política de fomento de las exportaciones debe ser acompañada de incentivos fiscales a los sectores de producción y a los exportadores en una PRO-INDUSTRIA revitalizada y actualizada. Igual, el CEI-RD deberá ser reactivado para fomentar nuevos mercados y realice promociones de nuestros productos en el exterior. Hay  que instalar en los puertos y aeropuertos almacenes de depósitos y frigoríficos.

Estimo que la reestructuración del BANDEX y de su ley orgánica y su filosofía es esencial para el futuro, en aras de crear una real institución de fomento de las exportaciones, que dirija sus préstamos y líneas de créditos hacia el aumento de la producción, como primer paso para incrementar las exportaciones.

No creo que el país tenga un problema de competitividad, costos o precios para aumentar las exportaciones. Ahí no está la causa del estancamiento crónico del volumen y valor de las exportaciones. Sin un aumento notable de la producción industrial y agropecuaria no se podrá aumentar las ventas al extranjero, porque no hay productos en suficiente cantidad sostenible que vender a un comprador fijo.

Estas son mis recomendaciones de reforma estructural del BANDEX, para que el país logre tener un moderno banco de desarrollo de primer y segundo piso, que brinde nuevas facilidades de préstamos que contribuyan a aumentar la oferta exportable.

 

 Eduardo J. Tejera

 www.eduardotejera.com

1 de octubre de 2019.

 

 

 

 

 

 

La Agenda del 2020 al 2024

El candidato que salga el nuevo presidente de la República para el período 2020-2024, tendrá una agenda política, jurídica y económica con poco margen para inventar o intento de continuar con el mismo modelo económico de Leonel-Danilo. En mi caso, deseo y aspiro que nuestro candidato Luis Abinader sea el favorecido por el voto popular, y es muy posible que sea el próximo presidente de la nación. El pueblo está cansado de la continuidad del PLD y aspira a un cambio de política y a un cambio generacional. 

En el 2020 el país entrará en un nuevo proceso de ajustes en las políticas públicas y tendrá que realizar profundas modificaciones al modelo de crecimiento económico basado en déficit fiscales financiados con endeudamiento público, mejorar los servicios sociales e implementar una política de aumento de la producción nacional y las exportaciones. También un ajuste social es necesario, con aumentos de salarios, mejoría en la seguridad social y el costo de la vida. Será indispensable cambiar la viabilidad fiscal de la economía, mediante una reforma fiscal integral, por el lado de los ingresos y los gastos.  

A mi juicio, una de las primeras prioridades debe ser larealización de modificaciones en el sistema judicial que garanticen la independencia de la Justicia de las presiones políticas, que concluyen en impunidad, privilegios y malas influencias. La agenda jurídica debe tener la prioridad deluchar contra la corrupción y la impunidad y debe tener el objetivo concreto de tener una Justicia independiente y financieramente autónoma. 

Esto requiere modificar la base jurídica del Colegio Nacional de la Magistratura, para sacar como miembro-presidente al presidente de la República. Igualmente, la designación del Procurador de la República debe ser hecha por el Colegio de la Magistratura, igual que los Fiscales, no por el presidente del país, sino es su subalterno político. Países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y otros, el presidente del país no es miembro el Colegio de la Magistratura, que es libre, independiente y formada por jueces, políticos y académicos. 

La política social debe ser modificada y actualizada totalmente, para que sea fuente de servicio y bienestar, y no instrumento de clientelismo político, dependencias y manipulación de la pobreza. Creo que el llamado Gabinete Social debe ser trasladado de la vice presidencia, y delPalacio, porque entonces siempre estará viciado de favoritismo y de la política. En ningún país la vicepresidencia maneja recursos por RD$ 28,000 millones al año, a través de otorgar diferentes tarjetas de asistencialismo, apoyado por organismos internacionales como el BIB, Banco Mundial y otros. Eso es política. Esas entidades no deberían financiar programas tan politizados y de clientelismo.

Eliminando tres ministerios e institutos y centros y/o fusionándolos, se puede crear un Instituto de Desarrollo Social, que incluya todos los programas de asistencia social de manera apolítica, más profesional y con una burocracia técnica especializada. De esta manera se sacany trasladan los programas sociales de la vicepresidencia y se convierte en una institución autónoma con un Consejo Directivo mixto con miembros especialistas, para que la política no incida en el tratamiento de las tarjetas a los beneficiarios.

Respecto a los programas sociales de las tarjetas las mismas deben ser auditadas para determinar bien cuántas realmente van dirigidas a los pobres, y no a los compañeritos políticos del PLD. Hay que cambiar un poco su filosofía para crear incentivos y crearles empleos a los tarjetahabientes, para que no dependan indefinidamente de los subsidios sociales, sino que sea un programa transitorio hacia el empleo, la superación personal y el bienestar. Hay programas de asistencia que se duplican y planes no muy claros, todo lo que requiere de investigación, reformas y real transparencia pública.

La agenda de la política económica está determinada por dos motivos u objetivos: una, la realidad económica actual, y dos, por la necesidad de cambios y nuevas metas económicas y sociales, de aumento de la producción y las exportaciones, la creación de empleos y la mejoría en los salarios mínimos públicos y privados. Es esencial que la nueva política económica y el crecimiento beneficien a más personas, para disminuir la pobreza y reducir la desigualdad social a través de un desarrollo equitativo.

La primera prioridad es la reforma fiscal integral y el cambio de modelo de crecimiento con deuda y déficit presupuestarios permanentes. Esto es inviable y una bomba de tiempo. Algunos cambios deben ser inmediatos, otros más graduales. La reforma fiscal la debe realizar el gobierno en consulta con sectores interesados, pero no debe ser un pacto nacional por consenso. Eso solo dilataría tres años o más la reforma. El gobierno tendrá el mandato de actuar rápido e implementar reformas estructurales en diversos sectores.

Por el lado de los ingresos tributarios se deben revisar aspectos del código tributario y leyes especiales, en aras de aumentar las recaudaciones y beneficiar la producción y los servicios privados. El combate a la evasión impositiva debe mantenerse, quizás con mayor equidad, e igualdad de persecución de la evasión de políticos, altos empresarios, militares y a la delincuencia organizada y narcos. 

Los incentivos fiscales deben prevalecer, son fundamentales para el aumento de la producción, el turismo y zonas francas. Sí se pueden racionalizar, disminuir en casos-sectores y buscar mayor recaudación de por lo menos RD$ 30,000 millones en el primer año. El nivel de recaudación potencial del llamado sacrificio fiscal es muy poco, porque los incentivos van dirigidos al consumo de la canasta básica, al turismo, zonas francas, combustibles, generadores eléctricos, exportaciones y viviendas. Personalmente creo en la política desarrollista de incentivos fiscales selectivos y regulados, para aumentar la producción, las exportaciones y el empleo. 

Hay que eliminar el déficit fiscal que ronda en RD$ 76,000 millones cada año, a la mitad el primer año presupuestario, mediante una combinación de aumentos de ingresos tributarios, y reducción de gastos superfluos y botellas y reorganización gubernamental. El nivel de inversión pública se debe mantener entre 3-4 % del PIB, para sostener el apoyo al crecimiento. Pero el verdadero crecimiento debe provenir del sector privado nacional y la inversión extranjera. La tarea del gobierno es sanearse y mantener la estabilidad.

Para el segundo año el presupuesto nacional debe estar equilibrado. La eliminación del déficit presupuestario es la única forma de disminuir la dependencia y los montos requeridos de nueva deuda pública. Se requiere implementar un programa fiscal de cuatro años para cambiar sin traumas el modelo fiscal dependiente de la deuda.

Por el lado del gasto, es necesario implementar un programa de reducción y fusiones de institutos, centros, ministerios y agencias innecesarias que se duplican en funciones con las labores de los ministerios. Se puede reducir mediante una reforma del aparato burocrático del Estado entre el 10 % al 20 % del gasto presupuestario, sin caer en políticas de austeridad o de reducción del crecimiento. De todas formas el 85 % del crecimiento depende del sector privado, no del público. 

La política monetaria y cambiara deberá mantenerse, con ligeros cambios de énfasis y dirección. Pero la alta prioridad de la estabilidad macroeconómica se mantiene con una moderada política monetaria y crediticia que beneficie al desarrollo del sector privado productivo. La política de bajas tasas de interés debe mantenerse, porque es la adecuada, así como la política de tasas de interés. La meta monetaria-inflación es la prudente. Considero necesario introducir parte del viejo sistema de encaje legal selectivo para orientar más el crédito bancario hacia la producción, vivienda, exportaciones y servicios.

Un gran tema será la reforma del déficit cuasi-fiscal y el alto inventario de certificados emitidos por el Banco Central, que ya han pasado los límites prudentes y se han convertido en una deuda pública en crescendo. Se lleva más de un año preparando una nueva Ley de Capitalización del Banco Central a 50 años, pero se desconoce la modalidad de sanear dicho déficit, y la deudaglobal. Se requiere de un estudio profundo y transparencia del nuevo proyecto de ley, porque poco o nada se conoce. Cualquier plan que se aplique debe coordinarse con el FMI, por ser una medida muy sensible. Pero sin duda, la solución del déficit cuasi fiscal y la deuda emitida es parte de la agenda.

También será necesario reformular al banco de exportación Bandex y modificar su ley orgánica, para hacerlo un banco mixto y de segundo piso. Igualmente hay que reformar a Pro-Industria, para que junto con Bandex tenga un rol determinante en fomentar la producción exportable y los créditos de pre y post embarque. Sin financiamiento de mediano y largo plazo de desarrollo, no se podrá aumentar la producción exportable. Los programas de Mipymes deben continuar y ser ampliados, pues son muy necesarios para el crédito a la mediana y micro empresa.

La política monetaria y el Banco Central deben apoyar más a las nuevas figuras financieras de los Puestos de Bolsas, Fondos Mutuos, Fondos de Inversiones, Fondos de Inversiones Inmobiliarios, las SAFI´s, las Fiducias, y la canalización de créditos e inversiones de la AFP´s. Se ha progresado bastante, pero queda mucho por definir y mejorar para la consolidación y mejor provecho de estos nuevos instrumentos de canalización del ahorro interno hacia las inversiones productivas creadoras de empleos. Hay demasiada intermediación en tesorería, pero falta más en créditos e inversiones.

Estos son a grandes líneas algunos de los principales temas de la agenda 2020-2024. Quedan las propuestas sectoriales para la industria, zonas francas, turismo, energía, combustibles, agricultura, viviendas y construcciones. Pero este artículo aspira a despertar interés en la necesidad de nuevas reformas a partir del 2020, en particular la reforma fiscal integral y el cambio de modelo económico.

 Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

24 de julio de 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO TEJERA REFUTA INFORME SOBRE  LA DEUDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

El economista Eduardo Tejera expresó que el comunicado del Ministerio de Hacienda respecto a comparar cifras no comparables es engañoso e incorrecto. Hacienda admitió que en siete años ha colocado bonos soberanos en exterior por US$ 13,822 millones, pero es aún mayor, y lo trata de justificar con un cuadro sobre el servicio de la deuda en que señala que han pagado US$ 14,345 millones de amortización de capital e intereses. Esa comparación es falsa y no brinda la correcta visión global del aumento vertiginoso de la deuda pública. También es falso que la relación deuda total y el PIB sea de 38 %, pues en realidad es de 53 % del PIB, incluyendo la deuda del Banco Central, como hace el FMI.

Para Tejera hay que mirar dos indicadores básicos sobre el aumento de la deuda pública y su perfil. Señaló que para el 2005 la deuda pública ascendía a US$ 6,822 millones, de los cuales los bonos soberanos representaban US$ 1,149 millones.  Pero ocho años después el gobierno de Leonel Fernández aumentó la deuda total a US$ 19,463 millones o un aumento neto de US$ 1,580 millones por año. La colocación de bonos soberanos con Fernández aumentó a US$  2,466 millones, una cifra de incremento neto moderada.

Sin embargo, es durante el gobierno del presidente Danilo Medina que la deuda pública ha aumentado a nivel escandaloso y preocupante. Desde 2012 al junio del 2019 la deuda pública ha aumentado de US$ 19,463 millones a US$ 35,400 millones, incluyendo la última emisión de bonos de US$ 2,500 millones, con lo que alcanzan a US$ 17,092, a razón de US$ 2,276 millones de aumento neto por año. El país tiene una deuda muy alta en comparación con los ingresos tributarios del Presupuesto Nacional, y cada vez el elevado servicio de la deuda estrangula más a las finanzas públicas, porque están en una centrífuga, de tomar prestado para pagar intereses y parte del principal. 

De hecho el 23 % de los ingresos del Presupuesto Nacional se destinan para pagar intereses de la deuda pública y el 22 % para pagar las amortizaciones de capital, que ambos suman el 45 % de los ingresos tributarios. Por esa razón, el gobierno de Medina del PLD, necesita tomar prestado cada año más de US$ 4,400 millones bruto, una cifra enorme, para pagar el mismo servicio de la deuda anual, y para financiar el déficit fiscal de RD$ 75,000 este año, o US$ 1,495 millones. 

La real necesidad de nuevas deudas internas y externas ha sido para financiar 12 años de déficit fiscales, cubrir en más del 50 % del servicio de la deuda pública y para realizar algunas obras de infraestructura.  Tejera dijo que se podrán imaginar el monto de nuevas deudas acumuladas para financiar 12 años de déficits fiscales, el elevadísimo aumento de la empleomanía del gobierno que en siete años se duplicó y los gastos de nóminas y compras del Estado, que pasaron de RD$ 126,542 millones en el 2012 a la suma de RD$ 284,605 millones en el 2019, más del doble en nóminas en siete años.

Tejera finalizó expresando que el gran aumento de la deuda pública y su pago de principal e intereses, son un peligro para viabilidad fiscal a mediano plazo.

Eduardo J. Tejera

http://www.eduardotejera.com

Junio 7, 2019