En los últimos días en la prensa se han visto varios reclamos tanto de dirigentes del sector privado organizado, líderes de la oposición y de altos funcionarios de la nación, por la necesidad de cambiar el modelo económico existente. El mismo presidente Leonel Fernández ha expresado que hay que cambiar el modelo económico y darle mayor prioridad a la producción. Parecen que todos están de acuerdo, pero nada se hace en concreto y también hay una ausencia de propuestas reales, viables y pragmáticas. Nos quedamos, como siempre, en los conceptos, en los discursos altisonantes, en las filosofías, y los grandes modelos, algo tan propio de los latinoamericanos. Pero no aterrizamos. Las palabras nos embrujan más que las acciones y las políticas concretas.
La pregunta es qué si de verdad se puede cambiar un modelo económico, o si en el fondo hay o tenemos un modelo, o más bien un cúmulo de distintas políticas, leyes, acciones que creemos que es un modelo. Personalmente, no creo mucho en los grandes modelos y no creo existan. No soy muy dado a la disquisición filosófica en materia económica. Me gusta más las políticas específicas para llegar a resultados que se vean y palpen en los distintos sectores, como la agricultura, plantaciones de caña, café, cacao, arroz, el empleo, las exportaciones y demás productos del agro y áreas como la educación, la salud, la infraestructura, regadíos y agua, etc.
Estimo que más que un cambio de modelo, que no creo que exista como ideología o concepto global de desarrollo, lo que se necesita son tomar más y nuevas medidas, aplicar creativas políticas económicas macros y sectoriales y crear nuevas instituciones y programas de financiamiento que propicien el desarrollo productivo de esos sectores, para crear más empleos y apoyar al aparato privado. Esto es lo que hace falta.
Por ejemplo, si deseamos producir más bienes agropecuarios e industriales, tenemos que destinar más créditos para proyectos de desarrollo, para capital de trabajo para estos vitales sectores. Pero no tenemos un banco de segundo piso como existió en el pasado, no tenemos Fondos mixtos o bancarios con créditos para un proyecto nuevo, que necesita siete años o más de plazo, dos o tres de gracia y bajos intereses. El Banco Agrícola carece de fondos. Tampoco la banca puede prestarlos por las rígidas y anti-desarrollo normas prudenciales, que son un exceso y un freno a la democracia económica y el desarrollo de los sectores productivos medios y pequeños. Por qué no tenemos un Fondo Nacional de Financiamiento a las Exportaciones, de proyectos y de pre y post embarque. Bancos de Segundo Piso y Fondos de Exportación lo tienen casi todos los países latinoamericanos. Nosotros no. ¿Por qué?
Ahora la banca por sí o por las normas prudenciales solo se presta para las grandes empresas, los ricos y viejas compañías, los que tienen un historial de pagos y grandes garantías, y aún así se destina más el crédito para el consumo, las importaciones y cualquier sector de poco riesgo, que a los sectores productivos. Pero la agropecuaria y la industria no tienen prioridad. La clase emergente tiene que ir a la usura y la informalidad. Sin políticas crediticias adecuadas, sin instituciones de financiamiento al desarrollo y una normativa flexible y viable adoptada a nuestra circunstancia, entonces no podremos aumentar la producción, ni producir para aumentar las exportaciones. Al final, no se podrán crear tampoco más empleos.
Los impuestos también están guiados solo a aumentar las recaudaciones, pero sin una orientación desarrollista. Aquí penalizamos al empresario con el 1 % de impuestos del valor de los activos fijos, los exportadores pagan impuestos todavía, a pesar de la ley y mecanismos de reembolsos de PROINDUSTRIA. El gran aumento de los egresos del Presupuesto, van dirigidos al gasto corriente, cerca del 75 %, y pocos a inversiones que dinamicen la economía. Esto ha cambiado temporalmente con los planes de estímulos e inversiones fiscales acordados con el FMI. Pero sin recortar los gastos corrientes en empleomanía, los dobles sueldos y las botellas, ni aumentar los ingresos, poco durará esta política de inversiones anti cíclica. Podría venir un gran frenazo.
El Gobierno debe realizar una amplia reforma fiscal, no tributaria, de modernizar el aparato de las finanzas públicas, reducir el gasto clientelista que aumenta sin paro y destinar el grueso del Presupuesto a programas sociales y de creación de infraestructura. Pero salud y educación deben tener la mayor prioridad, con más reformas internas burocráticas, tecnológicas y más dinero presupuestario. Sin entrenamientos modernos y mejor educación técnica y superior y sin destinar más recursos a la salud, la competitividad y productividad del trabajador será baja.
El Estado ha tenido dos años de déficit fiscales y ha recurrido al endeudamiento para estimular la economía y mantener su crecimiento. Esto lo he apoyado y apoyo, pero son medidas temporales. Hay que ir pensando en reformas para adecuar el Presupuesto. En el 2011 no podremos endeudarnos más y tampoco se aguantaría un tercer año de déficit fiscal del 3 % o 4 % del PIB. Podríamos caer en una trampa, sino no comenzamos a desarrollar políticas nuevas que bajen los gastos del aparato estatal, aumenten los ingresos, necesarios para sanear las finanzas y expandir las inversiones basadas en los recursos internos y externos del sector privado.
Debemos, por ejemplo, volver a recuperar las grandes agroindustrias. ¿Por qué no se tiene un plan para rehabilitar los ingenios azucareros que quedan en manos del Estado, por el fracaso de la capitalización en ese sector? ¿Por qué no existen planes y financiamientos para volver a crear una clase media grande de colonos azucareros? Tuve una finca de caña por diez años y molía en el Ingenio Haina, y mi experiencia fue muy buena. Es un buen negocio, sin el Estado crea las condiciones mínimas. Hemos abandonado el azúcar, que crea tantos empleos y fundar nuevas centrales azucareras y rehabilitar algunas viejas. Sigue siendo un buen negocio, como lo demuestra el Central Romana, los ingenios de Vicini y los capitalizados que sobrevivieron.
Pero no existe una política de desarrollo azucarero, leyes de incentivos fiscales para la inversión en ingenios y plantaciones de caña de colonos desgravada por diez o quince años. No hay programas de créditos al colonato. No existe una definición del futuro del antiguo CEA, que posee tierras, ingenios canibalizados y trenes. Igual sucede con el café, el cacao, los cultivos no tradicionales de exportación, como piñas, melones, guineo, aguacates y otros. En los Ochenta existía una política de desarrollo y crediticia para nuevos proyectos del agro.
Desde las reformas neoliberales del 1990, toda esa política desarrollista se eliminó y se derogaron las leyes que la sustentaban. Hay que revisar estas políticas y volver a la producción para fines internos y para exportar y aprovechar los TLC´s. No aprovechamos los TLC’s simplemente porque no falta producción exportable en grandes cantidades y por falta de renovación tecnológica industrial.
El sector de la construcción también tiene grandes trabas, de crédito, de impuestos y de buenos y ágiles financiamientos para el comprador de la vivienda. Aquí el comprador tiene que dar un 30 o 40 % de avance de la compra, y solo puede financiar una parte. La clase media y media baja le es muy difícil comprar una casa o apartamento. Igual, primero las normas prudenciales son muy estrictas para los bancos y los promotores. La Banca presta al promotor cuando tiene el Título de Propiedad físico que suele tardarse en obtener de seis a ochos meses. Antes prestaba con solo tener copia oficial sellada de la presentación de transferencia al Registrador. Ahora no.
Los préstamos para interino de construcción prácticamente solo existen en teoría. Para un promotor de una torre o casas tiene que gastar de su propio dinero la compra del solar y tener el 30 0 40 % de capital propio del valor del proyecto, y solo después de ocho o diez meses, levantado la obra, quizás le den el crédito. Esto es un freno para la construcción para la clase media y la vivienda de bajo costo.
La situación es peor para construir una urbanización de bajo costo o social, pues ya ni el BNV ni las Asociaciones presta el interino de construcción contra un crédito hipotecario. Ahora las normas lo obligan a que el promotor invierta cerca de 50 % primero del valor del proyecto. Esa cantidad de dinero solo lo tienen pocos promotores, lo que restringe las nuevas urbanizaciones y encarece sus costos. En efecto, también restringe la construcción para nuevos ingenieros y compañías, pues solo las grandes empresas con una larga trayectoria logran acceder al crédito.
La construcción también se ve encarecida por o modificado para la vivienda, pues encarece una casa de clase media o social. El Gobierno y el Banco Central deberían dar incentivos de encaje legal selectivos, de impuestos deducibles para las viviendas de bajo costo o social. El anteproyecto de ley de crear títulos hipotecarios e incentivos al comprador, todavía en un año no ha sido aprobado por el Congreso, y de todas formas, las facilidades e incentivos son pocas para la vivienda de baja clase media y la social. Además, no se sabe si lo van a aprobar o no.
Como se puede apreciar, con estos ejemplos, lo que se necesitan son cambios de políticas económicas sectoriales y crear mayores incentivos y créditos para los sectores productivos, la agropecuaria, industria, el turismo, la construcción, las exportaciones, entre otros. Falta una serie de medidas prácticas que sus beneficios vayan directo al sector que se desea estimular, por su valor agregado y por su capacidad de generar nuevos empleos. En el país hace falta una política más desarrollista, pues parece que muchos aspectos del superado Consenso de Washington y las secuelas neoliberales todavía subsisten en los políticos y economistas y hacedores de opinión pública. El mercado es bueno, pero necesita la mano guiadora y reguladora del Estado.
14 de junio de 2010
